Este miércoles, un contundente reclamo ha resonado en las oficinas de la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) y la Delegación Provincial de Fomento, a manos de un colectivo de vecinas de Yedra 8. Insisten en que la administración cumpla con su deber de garantizar una vivienda digna, alineándose con los principios del artículo 47 de la Constitución.
Las inquilinas no evaden sus deberes como tales, pero subrayan que la contraparte, Gicaman, debe asimismo atender las carencias de las viviendas que llevan padeciendo ocho años, afectando a 148 hogares de titularidad pública. A través de un comunicado de prensa, las vecinas enumeran las numerosas quejas planteadas con anterioridad, refiriéndose al lamentable estado de la comunidad de Yedra 8. Advierten sobre defectos que varían desde la saturación de desperdicios en espacios comunes, insuficiencia lumínica en portales y escaleras que fuerza a residentes a usar linternas, y elevadores frecuentemente inoperativos.
La ausencia de acciones de desinfección, puertas dañadas o inseguras y defectos considerables en la estructura de las viviendas están el centro de sus críticas. Las vecinas han planteado que las demandas de pago del alquiler por parte de Gicaman no guardan proporción legal, dadas las graves faltas de responsabilidad de la entidad.
Subrayan que no es factible pedir a una parte el cumplimiento de sus deberes si la otra falla en lo propio. Remarcan que es ilegítimo solicitar cuotas comunitarias por servicios que no se prestan adecuadamente y argumentan que el valor del alquiler no puede permanecer intacto cuando la condición habitable de las viviendas ha declinado post firma de los contratos de arrendamiento.
Las familias que habitan estos inmuebles de protección oficial son descritas como especialmente desfavorecidas y con recursos limitados. Las residentes denuncian que las tarifas de alquiler reclamadas no coinciden con la realidad precaria de las viviendas.
El comunicado añade que la comunidad corre el peligro de convertirse en un área malsana, potencialmente riesgosa para la salud pública. Las vecinas piden un examen detallado de la condición de cada residencia, llenar las 96 viviendas vacantes y proceder a una recuperación completa que brinde un verdadero hogar.
Abogan también por la inserción de un equipo compuesto por profesionales sociales que, a través de su intervención, podrían fortalecer la convivencia y mejorar la situación social del vecindario.
Finalmente, instan a la realización de una administración exhaustiva, implicando activamente a los inquilinos, quienes tendrían el deber de escoger un portavoz ante Gicaman por cada portal, asegurando de esta manera que sus voces sean escuchadas en el proceso de gestión de sus hogares.
