Valverde solicita incremento de apoyo económico de la Junta para residencias de mayores de gestión municipal en la provincia

En un amplio llamado a las autoridades de Castilla-La Mancha, los miembros de la Plataforma de Residencias de Mayores de la región han solicitado apoyo económico equitativo para las residencias de mayores gestionadas por ayuntamientos comparadas con las concertadas. Con una membresía consistente en 29 ayuntamientos, 7 de ellos de Ciudad Real que suman 205 plazas convenidas, la plataforma ha planteado esta demanda directamente a Miguel Ángel Valverde, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, quien a su vez ha discutido el asunto con Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Las residencias en cuestión brindan empleo a 162 personas, mayormente mujeres, lo que pone de manifiesto la importancia de este sector para la economía y el tejido social locales. Comprendiendo también otras cinco residencias dentro de la provincia de Ciudad Real, se alcanza un total de 287 plazas convenidas y aproximadamente 230 personas trabajadoras.

La disparidad actual en la financiación, que resulta en una diferencia de 205 euros por mes y por usuario entre las residencias convenidas y concertadas, ha provocado una reivindicación por parte de la plataforma para igualar las sumas asignadas. Desde el año 2016, se ha incrementado el monto destinado a las residencias concertadas sin una actualización correspondiente para las gestionadas por los consistorios, generando una pérdida aproximada de 615.000 euros anuales para las residencias pertenecientes a la plataforma y un total de 861.000 euros si se consideran todas las administradas a nivel municipal.

Además de buscar justicia financiera, la plataforma subraya la vital importancia del servicio para los usuarios, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad y dependientes de cuidados especializados. También resalta el riesgo que corren estos empleos esenciales, ocupados en su mayoría por mujeres, que enfrentan mayores barreras de entrada en el mercado laboral, particularmente en zonas rurales. Esta reivindicación busca no solo mantener un servicio crucial para la tercera edad, sino también proteger la estabilidad laboral de quienes hacen posible esos cuidados.

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