El sindicato USO ha celebrado el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo, que confirma una sentencia anterior favorable a su posición en un litigio con la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha. El tribunal ha desestimado un recurso de casación presentado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades, asegurando que se vulneró el derecho a la libertad sindical de la organización.
USO ha expresado su desencanto ante la prolongada duración del proceso, que ha tomado «tres años» hasta llegar a esta resolución. En su comunicado, el sindicato no solo ha manifestado su satisfacción con la decisión del tribunal, sino que también ha exigido la dimisión del director general de Función Pública, José Narváez, y ha pedido el cese inmediato de una funcionaria de libre designación que, según indican, promovió este «ataque a la libertad sindical».
La sentencia se originó a raíz de una situación en la que USO no pudo participar en una reunión junto a otros sindicatos más representativos, en la cual se discutieron acciones que podrían haber contribuido a proteger la reputación de los servidores públicos y garantizar la comunicación con la Administración. La falta de asistencia de USO a esta reunión implicó la imposibilidad de mejorar su seguridad informática, un aspecto clave para su labor sindical.
Además, el tribunal ha impuesto a la Administración regional una condena en costas de 1.500 euros. En su pronunciamiento, se destaca que no se comunicaron adecuadamente a USO los criterios necesarios para salvaguardar su labor, lo que afectó directamente su capacidad para operar en paridad con otros sindicatos en las anteriores elecciones. USO ha indicado que el resultado de estas elecciones podría haber sido diferente si se hubieran mantenido las mismas condiciones de divulgación de información.
