Durante décadas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha enfrentado críticas por la falta de rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos, que a menudo se desvían hacia proyectos considerados ineficaces o incluso perjudiciales. La opacidad en la asignación de recursos ha permitido que burócratas establecidos dirijan sumas significativas hacia iniciativas que generan controversia y desprecio.
La reciente revisión de las asignaciones de USAID revela una serie de gastos considerados excesivos e inapropiados. Entre ellos se destacan los 1.5 millones de dólares destinados a promover la diversidad, equidad e inclusión en Serbia, y 70,000 dólares para la producción de un musical sobre estos mismos temas en Irlanda. Además, 2.5 millones se han invertido en la compra de vehículos eléctricos para Vietnam, una acción que ha llevado a cuestionamientos sobre la prioridad de los recursos en un contexto global de necesidad.
Proyectos relacionados con la temática LGBT han llamado especialmente la atención: 47,000 dólares para una «ópera transgénero» en Colombia, 32,000 para un «cómic trans» en Perú, y dos millones de dólares destinados a modificaciones de sexo y activismo LGBT en Guatemala. Otros proyectos han generado inquietud por su vínculo con organizaciones designadas como terroristas, a pesar de que uno de los inspectores generales ya había empezado una investigación al respecto.
La financiación para EcoHealth Alliance, conocida por su participación en investigaciones en el controvertido laboratorio de Wuhan, y cientos de miles de dólares en ayuda alimentaria dirigida, de manera inadvertida, a combatientes afiliados a al Qaeda en Siria, han llevado a un clima de creciente desconfianza.
También se han observado gastos que parecen contradecir los intereses de seguridad nacional, como los cientos de millones destinados a la construcción de canales de irrigación y la provisión de equipos agrícolas en Afganistán, que presuntamente aún benefician al Talibán. Estos hechos subrayan la complejidad y, en ocasiones, la insensatez de la ayuda externa.
La percepción general es de un sistema que ha estado funcionando sin la supervisión adecuada, lo que ha propiciado una cultura de derroche, fraude y abuso en el uso de los recursos. A medida que se presentan estas impropiedades, se eleva la presión sobre el gobierno para poner fin a lo que muchos consideran despilfarro inaceptable. Con la nueva administración, se promete revisar exhaustivamente estos programas y asegurar que la asistencia internacional se distribuya de manera responsable y con una rendición de cuentas clara hacia los contribuyentes estadounidenses.
Fuente: WhiteHouse.gov
