La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Castilla-La Mancha ha expresado su preocupación respecto a los problemas de falsificación de documentación por parte de los temporeros que buscan trabajo en el campo. Según indican en su comunicado tras las recientes reuniones en comisiones provinciales y regionales de flujos migratorios, una de las principales demandas del sector es la necesidad de abordar las «suplantaciones de identidad y falsificaciones de documentación» que están experimentando.
La UPA hace hincapié en que el 90% de las personas en situación de petición de asilo que buscan empleo y acuden a las oficinas presentan documentación que suele ser falsa. Enfatizan que solo las Fuerzas Cuerpos de Seguridad del Estado tienen la capacidad para abordar efectivamente este asunto.
La organización subrayó que los propios agricultores no tienen los medios para detectar la veracidad de los documentos presentados por los trabajadores temporales. Esta situación les coloca en una posición vulnerable, ya que en el caso de que algún miembro de su cuadrilla sea identificado con documentación falsa, podrían enfrentar sanciones económicas severas, las cuales pueden ascender hasta los 10.000 euros.
Por esta razón, la UPA hace un llamamiento a la administración para que se tenga en consideración que los agricultores son a menudo las primeras víctimas de este engaño, pues su interés principal es recolectar sus cultivos y operar dentro de la legalidad. «Si viene una persona engañando y le ha metido documentación falsa al agricultor, entendemos que el agricultor no tiene la culpa», declaran desde la UPA, reclamando apoyo y comprensión por parte de las autoridades competentes en estos casos de fraude documental.
