Unas 24.000 personas en Castilla-La Mancha, específicamente 23.960, podrán beneficiarse de una tarjeta monedero destinada a la compra de productos de alimentación, limpieza e higiene, entre los años 2025 y 2028. Esta iniciativa cuenta con la aprobación del Gobierno regional y una inversión de 12 millones de euros provenientes del Fondo Social Europeo.
La consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ofreció esta información durante una rueda de prensa en la que se abordaron los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno. El programa tiene como principal objetivo facilitar el acceso a productos básicos sin imponer condiciones o generar estigmas. A través de la tarjeta monedero, las familias podrán realizar sus compras en supermercados adheridos al programa, eligiendo los productos permitidos según sus necesidades, a diferencia de recibir bolsas o menús cerrados como sucedía el año anterior.
Este beneficio se destina a las familias con hijos a cargo que se encuentren con ingresos por debajo del 40% del nivel medio establecido en España, que ronda los 22.300 euros. A diferencia de la gestión del año pasado, que estuvo a cargo del Gobierno central y Cruz Roja, el Gobierno autonómico se encargará de gestionar y distribuir estos fondos.
Castilla-La Mancha asumirá el manejo directo del programa, colaborando con la entidad que resulte adjudicataria de los 12 millones de euros. Cuando los servicios sociales determinen que una familia es merecedora de esa tarjeta monedero, la entidad gestora se encargará de su tramitación.
Padilla destacó que los datos de años anteriores respaldan el éxito de este programa, mencionando que en 2024, Castilla-La Mancha fue una de las pocas comunidades autónomas que ejecutó el 100% del presupuesto asignado, emitió 2.600 tarjetas y beneficiando a más de 10.000 personas.
El programa no solo proporciona recursos básicos esenciales para las familias, sino que también contempla un seguimiento profesional personalizado y un acompañamiento social para aquellos que lo requieran. «No es cuestión de darles la tarjeta y que ellos se apañen, sino que los servicios sociales establecen seguimiento y acompañamiento para ayudarles», señaló la consejera.
Además, en las zonas rurales donde no haya supermercados adheridos al programa, se contempla la adjudicación de ayudas de emergencia social, una línea adicional que tiene la Consejería de Bienestar Social. Esther Padilla subrayó el objetivo de asegurarse de que ninguna familia tenga que elegir entre costear su alimentación y cubrir otras necesidades básicas, como calefacción o electricidad, garantizando así el acceso a la alimentación, la higiene y la limpieza del hogar.
