Un jurado popular ha declarado por unanimidad a A.C.S. culpable de asesinar a sus padres durante su siesta en la finca familiar en Brihuega, en mayo de 2022. El acusado, que había presentado defensas basadas en su patología psíquica, su adicción a las drogas y su confesión de los hechos, no vio reconocidos estos argumentos como eximentes o atenuantes debido a la contundencia de las pruebas presentadas en su contra.
El jurado, compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres, rechazó las circunstancias atenuantes propuestas por la defensa. Según el testimonio de diversos testigos, entre ellos la hermana del acusado y A.C.S. mismo, no se encontraron indicadores de discusiones familiares excepcionales o de un deterioro tal en la cognición del acusado que anulase su capacidad de comprender y actuar.
Los nueve miembros del jurado coincidieron al considerar a A.C.S. como el culpable de apuñalar a sus progenitores, descartando que los hechos sucediesen en el contexto de un robo, teoría que el mismo acusado había propuesto inicialmente antes de admitir su responsabilidad en el doble homicidio.
Durante la investigación, la localización del arma homicida, un cuchillo, no jugó un papel crucial en la línea de investigación, determinando el jurado que no habría beneficios de remisión condicional de la pena, ni se presentará petición de indulto hacia el acusado.
En consecuencia, el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular ratificaron sus peticiones de sentencia con la Fiscalía reclamando 20 años de cárcel por cada asesinato, mientras que el letrado de la acusación aumentó la solicitud a 25 años por cada crimen.
En el aspecto de la responsabilidad civil, se solicitó una indemnización de 500.000 euros para la hermana del acusado, que también es la hija de las víctimas, y que se imponga al condenado la prohibición de acercamiento durante diez años adicionales al término de su condena en prisión. Asimismo, se pidió que se declare la incapacidad de A.C.S. para heredar de sus padres.
Finalmente, la defensa recordó que la víctima había renunciado a la responsabilidad civil y señaló la insolvencia actual del acusado, quien depende de la caridad para subsistir. La decisión del jurado marca un punto de inflexión en un caso que ha conmocionado a la comunidad de Brihuega y suscitado un debate sobre la responsabilidad penal en contextos de enfermedad psíquica y abuso de sustancias.
