La Administración de Castilla-La Mancha ha obtenido la aprobación del Tribunal Supremo para retirar la custodia de un bebé antes de su nacimiento a los padres de la región debido a la «falta de habilidades para la crianza» de ambos, su «clara crisis de pareja», el consumo de sustancias, la «inmadurez» de la madre y la «pasividad» del padre, junto con «los múltiples informes contrarios» a sacar al niño de la casa de acogida para devolverlo a sus progenitores. La Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Toledo retiró la custodia del niño no nacido en diciembre de 2019, ya que la pareja tenía otros tres hijos menores con medidas de protección sin previsiones de retorno, lo que llevó a la Administración a decidir que eran negligentes en los cuidados y seguimientos iniciales del embarazo, y que tenían dificultades personales y falta de habilidades para criar al niño por nacer. A pesar de que el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Toledo estuvo de acuerdo con los padres en su oposición a la decisión del gobierno, la Administración de Castilla-La Mancha presentó un recurso que fue desestimado por la Audiencia Provincial de Toledo, lo que llevó al caso al Tribunal Supremo. El Supremo ha señalado que los padres biológicos se han dado de baja del programa de intervención en violencia familiar, y que hay nuevos informes que indican que la capacidad parental de la madre es «cuestionable y limitada», que tiene ingresos de «economía sumergida y dudosa legalidad»; el padre tiene «dedicación casi en exclusiva» al trabajo, y que la relación no va bien. En este contexto, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por el letrado de Castilla-La Mancha y revocado la sentencia que dictó el TSJ en favor de los padres, concluyendo que lo mejor para el interés superior del niño es ser adoptado por la familia de acogida que lo cuida actualmente.
