El Gobierno regional ha establecido un protocolo general de actuaciones con el Gobierno de Aragón y las universidades de Castilla-La Mancha y Zaragoza con el objetivo de fomentar la profesionalización de los empleados públicos en el ámbito de la contratación en las administraciones autonómicas. Este acuerdo fue firmado por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina; el consejero de Hacienda, Interior y Administraciones Públicas de Aragón, Roberto Bermúdez; el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde; y el representante de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral.
El protocolo tiene como finalidad promover una colaboración que impulse acciones concretas para mejorar las cualificaciones, competencias y conocimientos de los empleados públicos que están involucrados en las tareas de contratación. Entre las iniciativas a llevar a cabo, se contempla el diseño de una matriz de competencias para los profesionales de la contratación pública, siguiendo el marco europeo de competencias PROCURCOMP, así como la creación de un itinerario flexible de formación que mejore la capacitación del personal empleado público.
También se planifica la elaboración de un sistema de certificación de resultados de formación, que utilice microcredenciales digitales seguras y transferibles a nivel europeo, así como la creación de herramientas de evaluación y certificación gestionadas por una entidad independiente y competente. Además, se potenciará la colaboración entre administraciones autonómicas y universidades, la inclusión de expertos de la Comisión de la Unión Europea en iniciativas formativas y la coordinación de cursos y seminarios para enriquecer el aprendizaje en esta área.
Para supervisar la implementación del protocolo, se constituirá un grupo de trabajo compuesto por personal cualificado designado por las partes, cuya labor será seguir el desarrollo del acuerdo y identificar las mejores propuestas y herramientas para alcanzar los objetivos establecidos.
Este protocolo interinstitucional tiene la opción de ser adoptado por otras comunidades autónomas interesadas, y se desarrollará mediante convenios específicos que implementen programas concretos. Su vigencia será anual a partir de la firma, con posibilidad de prórroga, a no ser que alguna de las partes exprese su intención de no continuar.
