En un reciente fallo legal que resuena en el campus de la Universidad de Harvard, un juez federal en Boston declaró que la congelación de más de 2.600 millones de dólares en fondos de investigación por parte de la administración de Donald Trump es una represalia ilegal. La jueza Allison D. Burroughs sostuviso que esta medida fue un castigo por la falta de cumplimiento de la universidad a las directrices del Gobierno, poniendo en riesgo la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución.
Burroughs argumentó que la conexión entre la congelación y el antisemitismo era superficial, describiendo la acción como un intento de ataque ideológico contra las instituciones académicas. En su fallo, instó a los tribunales a proteger la libertad académica y la libertad de expresión, asegurando que las investigaciones importantes no estén sujetas a interrupciones arbitrarias, incluso si esto significa desafiar un Gobierno decidido a imponer su agenda.
Esta victoria, que se produce en el segundo día del nuevo año académico, no es definitiva, dado que Trump planea apelar el fallo. Sin embargo, representa un hito para Harvard frente a las presiones del Gobierno, dejando claro que existe un camino judicial para contrarrestar intentos de limitar la autonomía universitaria a través de tácticas de intimidación económica. Desde la Casa Blanca, se anunció una apelación inmediata, insistiendo en que la universidad no protegió a sus estudiantes y cuestionando su derecho a fondos públicos.
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