El consejero del Consejo de Seguridad Nuclear Javier Díes ha advertido al pleno del regulador, de que pasar de la propuesta unánime de construir un almacén temporal centralizado de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) a siete almacenes temporales descentralizados situará a España entre los países que «han fracasado» en el desarrollo de una gestión «excelente» de los residuos radiactivos de alta actividad.
Así lo expone el consejero en su voto particular contrario a la decisión del pleno del CSN, que el pasado 21 de diciembre evacuó al Gobierno un informe favorable sobre el VII Plan de Residuos Radiactivos, que apuesta por la opción de disponer de siete almacenes temporales (ATD) en los propios emplazamientos de las centrales nucleares hasta la construcción del almacén geológico profundo (repositorio definitivo) que estará operativo entorno a 2070.
Para Díes, con el VII Plan General de Residuos Radiactivos informado favorablemente, España pasará de tener un nivel de seguridad en torno a un 5 sobre 10 frente a la anterior opción que era «sobresaliente». Así, insiste en que la apuesta de un ATC era una estrategia «sólida» y que permitía a España tener el nivel de seguridad más alto.
La propuesta de construcción del ATC que se inició en el año 2004 y fue aprobada y mantenida por unanimidad en el Parlamento durante 14 años contemplaba la construcción de Villar de Cañas y suponía un plan de gestión de combustible irradiado evaluado como una ‘good practice’, es decir con un «sobresaliente» o un nivel de seguridad 9 sobre 10, lo que para el consejero situaría a España «entre los mejores países del mundo en este tema».
El consejero discordante de la decisión del pleno, argumenta que «en su obligación de contribuir a mantener y si se puede aumentar la seguridad nuclear de España» terminar el proyecto de construcción de ATC –al que ya se han destinado 300 millones de euros– es «significativamente más seguro» que tener siete almacenes temporales hasta que esté disponible el AGP.
En la argumentación de su voto particular, al que ha tenido acceso Europa Press, considera que tener una política estable desde 2004 en gestión de combustible irradiado sería un objetivo «muy importante a mantener» y, por el contrario, estar dando «bandazos» en la política de gestión de combustible irradiado «hace daño» a la seguridad nuclear, y «dificulta» las tareas del Consejo de Seguridad Nuclear, como el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña y de Zorita o la necesidad de construcción de ATI que eran «totalmente innecesarios» para cuatro centrales nucleares.
Al mismo tiempo, critica que a parte de tales «dificultades» a las tareas del CSN, la paralización temporal del ATC de Villar de Cañas en julio de 2018 ha provocado «tirar a la basura unos 300 millones de euros» pagados por «todos los ciudadanos en su recibo de la luz» y ha generado «innecesariamente» unas 9.500 toneladas de material contaminado con radiactividad. Del mismo modo, agrega que mientras no esté operativo el silo de Cuenca, cada año y medio habrá que comprar 14 contenedores cuyo coste es de unos 28 millones de euros.
VENTAJAS E INCONVENIENTES
Otro de sus argumentos favorables al ATC se refiere a la situación en que quedan los emplazamientos de las centrales nucleares a medida que se desmantelan, como ocurre ahora en la central nuclear de José Cabrera (Guadalajara) o como «pronto» sucederá en la de Santa María de Garoña (Burgos).
En ese sentido, insiste en que tener todo el combustible irradiado en un solo almacén centralizado representa una mejora de la seguridad física respecto a tenerlo en siete Almacenes Temporales Individualizados (ATI), especialmente una vez desmantelada la central nuclear, en un factor que podría estimarse del orden de unas 20 veces superior en cuanto a seguridad física.
Respecto al proyecto de ATC en Villar de Cañas, expone que disponía dos celdas calientes que permiten recuperar el combustible y mejora la seguridad respecto a los ATI, porque es capaz de soportar el impacto de un «terremotazo» o de un «avionazo», algo que no soportan los actuales almacenes temporales individualizados.
Por otro lado, recuerda que el ATC conquense ya había superado los procesos de selección de emplazamiento y apenas faltaban «15 días para obtener su permiso de construcción por parte del CSN».
«En global, considerando los distintos aspectos que contribuyen a la seguridad (seguridad física, recuperabilidad, impacto de un avión, resistencia a un terremoto, impacto radiológico en el emplazamiento, es más seguro tener todo el combustible irradiado de España en el ATC de Villar de Cañas hasta que este operativo el AGP, que tenerlo en 7 ATI hasta que este operativo el AGP, 2040, 2050 o 2070», concluye.
En su voto particular, el consejero Javier Dies incorpora valoraciones coincidentes con el estudio de impacto ambiental estratégico del VII PGRR que fue sometido a exposición pública por el propio Ministerio para la Transición Ecológica y con el estudio realizado por la ‘Blue Ribbon Commission on America Nuclear Future’ de Estados Unidos.
De estos estudios, el consejero destaca que indican que el ATC tiene «dos importantes ventajas» frente a los siete ATD, que conllevarían la permanencia en siete instalaciones y su impacto radiológico en todos ellos frente al ATC que eliminaría impacto radiológico y permitiría liberar los terrenos nucleares.
Así, incide en que la opción de los ATD frente al ATC contraviene el principio básico ‘ALARA’, que busca la reducción del impacto radiológico tanto como sea razonable alcanzar, ya que en este caso supondría la completa eliminación del impacto radiológico a la población y medioambiente en siete emplazamientos y su consiguiente liberación.
Finalmente, reitera que la dispersión de los residuos en siete emplazamientos contraviene principios básicos de seguridad física y que lo «deseable» es centralizar en una única instalación crítica el control y supervisión de la misma.
