Toledo, 3 de marzo de 2024 – El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, celebró los logros obtenidos gracias a la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural de la región, en un mensaje difundido a través de redes sociales. Esta legislación, única en España, busca ofrecer soluciones efectivas al reto demográfico al asegurar beneficios fiscales para áreas afectadas por la despoblación.
Hace cuatro años, el Pacto contra la Despoblación se firmó en Brihuega (Guadalajara), estableciendo las bases de una estrategia que ha cristalizado en la mencionada ley. García-Page ha enfatizado la importancia de una táctica definida y la perseverancia en la lucha contra un fenómeno que exige un cambio en los fundamentos de la vida social y en los patrones de asentamiento de la población.
Dicha ley regional, pionera en su enfoque, no solo se esfuerza por atajar la «despoblación obligatoria» que fuerza a los habitantes a emigrar por falta de recursos básicos, sino que pone de relieve los resultados tangibles obtenidos incluso antes de lo previsto. Esto se refleja en el incremento de empadronamientos, las inversiones en áreas rurales y la consolidación de servicios públicos.
Una de las innovaciones más significativas de la ley es la protección de servicios públicos rurales, garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso equitativo independientemente de su zona de residencia. Se han emprendido mejoras educativas y sanitarias, incluyendo la modernización de centros educativos en las regiones más afectadas por la despoblación y el refuerzo de la atención médica mediante el mantenimiento y la mejora de centros de salud y farmacias en áreas rurales.
Un aspecto revolucionario de la ley es la introducción de una fiscalidad diferenciada, que en la última campaña tributaria benefició a 81.929 personas, mostrando un considerado incremento del 30 por ciento con respecto al año anterior. Adicionalmente, se han otorgado 1.400 ayudas económicas para promover el inicio de actividades comerciales o empresariales en los pueblos afectados.
La efectividad de la ley se ve confirmada por el saldo migratorio positivo de Castilla-La Mancha, que desde la puesta en marcha de la legislación ha acogido a 42.492 personas, y específicamente 11.368 eligieron residir en áreas consideradas en estado de despoblación extrema, intensa o en riesgo.
García-Page concluyó afirmando que este progreso es muestra de estar en el camino correcto, destacando que las iniciativas contra la despoblación deben ser sostenidas y considerarse políticas estructurales a largo plazo, y no meros titulares pasajeros.
