“Guadalmena no se vende”. Esta fue la contundente respuesta del centenar de personas que se concentraron ayer en las 86 viviendas de promoción pública del barrio del Polígono, rechazando las pretensiones de la empresa de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha -GICAMAN- de ponerlas en venta tras diez años sin terminar y vacías.
Los concentrados mostraron su indignación por las intenciones de la Junta coreando eslóganes como “con la vivienda no se especula”, “Guadalmena, alquiler social”, “es un derecho, no un negocio” También se acordaron del presidente de Castilla-La Mancha: “page, estamos en la lucha”.
La Plataforma por el derecho a una vivienda digna en Toledo pide a la Dirección General de la Vivienda y a su responsable, Inés Sandoval, que reconsidere la decisión de vender y oferte estas viviendas en alquiler social, ya que la mayoría de las 3.000 personas apuntadas en el registro de demandantes no tiene ninguna posibilidad de comprar y, su única alternativa, es conseguir un alquiler asequible que les permita una solución habitacional.
La Plataforma considera que GICAMAN y la Dirección General de Vivienda no tienen ningún impedimento legal para sacar estas viviendas en alquiler social, salvo voluntad política. Señalan que la mayoría de países de nuestro entorno hace años que han apostado por el alquiler en detrimento de la compra, ya que da una respuesta más adecuada a la población más vulnerable y con menores recursos económicos facilitando, además, la movilidad geográfica provocada por la escasez y precariedad del trabajo.
Asimismo, denuncian que el empeño de GICAMAN y la Dirección General de Vivienda de poner a la venta esta promoción es un intento de hacer caja y recuperar parte del dinero que han dilapidado en sufragar la seguridad y el mantenimiento de estas viviendas vacías, más de un millón de euros en los diez años que llevan cerradas. Una negligencia que debería acarrear responsabilidades políticas.
También afean a la Junta que se haya movido por la oportunidad de hacer negocio que brinda la revalorización de los locales comerciales y las viviendas , debido a la apertura del hospital, después de años de inacción y olvido en los que la urgencia de una vivienda digna para la población ha estado en segundo plano.
La Plataforma alerta de que la política de la Junta en materia de vivienda en Toledo entra en un peligroso colapso para los próximos años porque, una vez que se adjudiquen las 86 viviendas de Guadalmena, no habrá ninguna vivienda de propiedad pública para dar solución a las personas demandantes -más de 3.000-, salvo varias decenas repartidas por Toledo.
Foto: Pedro Ignacio Fernández.