UGT Servicios Públicos ha expresado su oposición al proyecto de Ley de Simplificación Administrativa en Castilla-La Mancha. A través de sus representantes en la Junta de Personal Funcionario, el sindicato ha manifestado sus preocupaciones sobre las implicaciones de esta propuesta legislativa.
El sindicato considera que la ley, en lugar de mejorar los procedimientos administrativos, podría complicar el funcionamiento del sector público y afectar negativamente a los trabajadores y trabajadoras de la administración. Entre sus preocupaciones principales, UGT destaca el riesgo de que la simplificación administrativa se traduzca en una precarización de las condiciones laborales y una disminución de la calidad en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.
El sindicato sostiene que cualquier cambio legislativo debe garantizar tanto la eficiencia en las gestiones públicas como la estabilidad y el bienestar del personal que las lleva a cabo. Por ello, UGT insta a las autoridades a reconsiderar ciertos aspectos del proyecto de ley, pidiendo un diálogo más abierto y consultivo que incluya las opiniones y necesidades de los trabajadores del sector.
Es importante señalar que este rechazo se suma a una serie de críticas que algunas organizaciones han expresado respecto a la dirección que podría tomar la administración pública en la región, considerando fundamental una evaluación más exhaustiva de las repercusiones que estas reformas podrían traer.
UGT insiste en que la simplificación administrativa no debería comprometer la calidad del servicio público, y hace un llamado a encontrar un equilibrio que beneficie tanto a los empleados públicos como a la eficacia institucional.
En este contexto, la discusión en torno a la propuesta legislativa continúa, mientras las partes implicadas buscan llegar a soluciones que satisfagan a todas las partes implicadas en el proceso administrativo de Castilla-La Mancha.
Fuente: UGT Castilla-La Mancha
