UGT Servicios Públicos ha expresado este jueves su firme rechazo al proyecto de Ley de Simplificación Administrativa que fue aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. La organización sindical sostiene que esta legislación podría dar lugar a la privatización de servicios públicos y crear dos administraciones paralelas, lo que, según advierten, «podría estar incurriendo en una inconstitucionalidad».
La central sindical ha criticado la aprobación del proyecto, que, afirman, se llevó a cabo «de manera unilateral, sin ningún tipo de acuerdo ni de consenso con las organizaciones sindicales». Además, han señalado que el Gobierno ha hecho caso omiso al informe contundente emitido por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, el cual también advierte de posibles inconstitucionalidades en el texto presentado.
Desde UGT Servicios Públicos han indicado que, si la ley logra pasar el trámite parlamentario y es finalmente aprobada, esto podría dar lugar a «la creación de una administración paralela de pobres y ricos». Utilizando un símil geográfico, argumentan que existiría una distinción entre aquellos que pueden pagar tasas a las entidades colaboradoras —representados por la autopista— y quienes no pueden, quienes dependerían de «las carreteras comarcales».
El sindicato también ha expresado su preocupación por que esta legislación menoscabe la calidad y la garantía de los servicios públicos al privatizar, a través de entidades colaboradoras, funciones que son competencia de los funcionarios públicos. Igualmente, han hecho hincapié en que la creación de unidades administrativas de apoyo, como se detalla en el proyecto, modificaría las condiciones establecidas por la Ley de Empleo Público, que requiere la negociación previa con los sindicatos para la creación de puestos de trabajo destinados a funcionarios.
UGT ha manifestado que viene denunciando la «pirámide invertida» en la que se ha convertido la administración regional, resaltando que, mientras se incrementa el número de asesores y altos cargos, los puestos de base en la administración pública son mayormente cubiertos mediante programas temporales. «Años de reclamaciones por la imperiosa necesidad de estos puestos nos han dejado en una situación insostenible», han afirmado desde el sindicato.
