Desde que la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ambulancias Cuenca, formada por Nuevas Ambulancias Soria y “Consorci del Transport Sanitari Regió Girona” empezó a prestar el servicio de ambulancias en la provincia de Cuenca, los incumplimientos se vienen sucediendo, en ningún momento la empresa dio cumplimiento a los términos del anterior convenio colectivo, tras la aprobación del actual convenio, la respuesta de la empresa fue la de mantener los mismos incumplimientos de antes.
En lo que tiene que ver con las guardias, el convenio actual establece en el Servicio Urgente, la realización de 91 guardias, en el caso de Cuenca, están realizando una media de 75 guardias, lo que implica una pérdida retributiva importante para los profesionales, a esto hay que añadirle que como 75 guardias no son suficientes para la prestación del servicio, las restantes se asignan siguiendo criterios de la empresa a determinadas personas, de esta forma, algunos realizan las guardias que les corresponde, mientras que la mayoría queda por debajo de lo que marca el convenio colectivo, con el impacto correspondiente en las retribuciones.
Otro aspecto como la organización de los turnos incluida en el convenio colectivo también se incumple por la empresa, ya que el sistema de turnos obligatorio por convenio en el transporte urgente de toda la región es el de 4 turnos, utilizando Cuenca un criterio que es ajeno al convenio de 5 turnos.
Por otra parte, y con un importante impacto en la retribución, al realizar guardias, las empresas están obligadas por convenio colectivo a pagar las dietas o asumir el coste de las comidas, ya que no debe tener coste para el trabajador, sin embargo, la UTE Ambulancias Cuenca, se niega a pagar estas dietas o a costear la comida de los trabajadores, tal y como recoge el convenio colectivo y como hacen el resto de empresas de Castilla-La Mancha.
En la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo, se alcanzaron diferentes acuerdos relativos a la aplicación del convenio, entre otros al pago de los atrasos que se generaron desde la publicación del convenio en el caso de Cuenca, que como indicamos, ya venían realizando incumplimientos al anterior convenio colectivo, no cumplieron el acuerdo y ni siquiera acudieron a las reuniones de la Comisión Paritaria, a pesar de ser un órgano en el que se deben resolver todas estas cuestiones. De esta forma, Cuenca no ha abonado ningún atraso del convenio ni aplicado las nuevas tablas retributivas, por lo que la deuda media con cada trabajador de esta empresa, desde el 1 de enero de 2020 es de unos 3000€. Hay que añadir las cantidades del impago de las dietas. Por lo que los trabajadores de la empresa de Cuenca, realizando la misma función para la Administración, que el resto de las empresas, están en unas condiciones extremadamente precarias.
En otras cuestiones, no se negoció el sistema para la promoción interna ni la movilidad, tal y como está recogido en el convenio, por lo que la asignación de plazas entre profesionales no está sometida a criterio alguno, algo obligatorio de acuerdo al Convenio Colectivo y que la empresa de Cuenca se niega a aplicar.
En este contexto, vale recordar que la Administración rescindió el contrato de la empresa el 15 de marzo de 2021 y adjudicó un contrato de emergencia el 16 de marzo de 2021, en el que teóricamente se incluyen los costos derivados del nuevo convenio, y a pesar de esto, la empresa mantiene los incumplimientos, y esto tiene un coste directo en la ciudadanía, ya que desde UGT se han interpuesto varias denuncias por los incumplimientos y en caso de que finalmente nos den la razón y la empresa UTE no asuma el coste, será la Administración, tal y como recoge la Ley de Contratos del Sector Público, quien tenga que hacerse cargo de las cantidades que se adeuden, a pesar de haberles adjudicado un contrato en el que las cantidades del convenio deberían estar incluidas.
En este marco, la Administración debería reflexionar sobre el coste que supone la mala gestión de empresas como la UTE de Cuenca, que tienen un sobre coste permanente para la administración y en definitiva para la ciudadanía, por lo que se deberían poner en marcha las vías previstas en la Ley para impedir que empresas como las que conforman esta UTE pueden gestionar servicios públicos y contratar con la Administración ante los incumplimientos que se vienen produciendo, desde que se le adjudico el contrato a la UTE conformada por Nuevas Ambulancias Soria y “Consorci del Transport Sanitari Regió Girona”.
