Tras la impugnación de las oposiciones en el Consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) de Ciudad Real por parte de dos miembros del Tribunal Calificador, la sección sindical de UGT ha defendido seguir adelante con el proceso de oposición a 26 plazas de bomberos y advierte del «colapso» que podría suponer su anulación.
En nota de prensa, el sindicato ha querido poner de manifiesto las repercusiones que podría tener la anulación de dicho proceso selectivo «debido a la falta de personal que existe actualmente en el Consorcio», situación que, advierte, «se agravará en los próximos meses debido a que en 2023 llegarán a su edad de jubilación voluntaria un mínimo de 26 y un máximo de 33 operativos».
En base a las actas del Tribunal Calificador, el sindicato sostiene que «el proceso ha seguido el procedimiento normalizado» de cualquier oposición de bomberos. También quiere aclarar que, «tras solicitar las actas en base a la ley para poder realizar un seguimiento del proceso, esta solicitud fue aceptada por el Tribunal Calificador por 3 votos a 2, con los votos en contra de ambos delegados de CCOO en un intento de mantener opacas las deliberaciones y decisiones de dicho tribunal».
Sobre la falta de personal, UGT afirma que se ha llegado a una «situación crítica al concentrarse un número muy elevado de jubilaciones a partir del año 2021», en lo que se refiere a personal operativo. «La plantilla de bomberos, jefes de unidad y jefes de grupo debería estar formada por 210 efectivos y en estos momentos apenas son 103, lo que representa menos del 50% de los bomberos que había en la provincia hace cuatro años. A ello hay que añadir las próximas jubilaciones que podrían producirse a lo largo de 2023, un mínimo de 26 y un máximo de 33».
Desde el sindicato recuerdan que «son un total de 52 los jóvenes que pueden verse perjudicados», la mayoría de la provincia de Ciudad Real, aspirantes que están esperando a la finalización del proceso selectivo para ocupar de manera fija o interina parte de las más de 100 vacantes existentes.
«Han superado un proceso largo y duro que requiere años de preparación y los necesitamos para poder prestar un servicio de bomberos de calidad a los ciudadanos y renovar una plantilla mermada por las jubilaciones».
La sección sindical de UGT informa de la queja que ya trasladó en su momento en relación a la composición del tribunal calificador. «Entendíamos que era preferible que el tribunal estuviera formado por personal operativo que no tuviera relación directa con las secciones sindicales».
EVITAR «ESPECULACIONES DE CLIENTELISMO SINDICAL»
En este sentido, no estaba de acuerdo con que formaran parte de él delegados sindicales «para así evitar especulaciones de clientelismo sindical al estar representado dentro del tribunal de selección un solo sindicato de los cinco que componemos el Comité de Empresa» y abogaban por que «representantes de todos los sindicatos pudieran asistir como observadores a las pruebas y así fiscalizar el desarrollo de las mismas».
«No somos ni acusación ni defensa dentro de la demanda penal interpuesta, pero sí queríamos realizar esta aclaración a una opinión pública que puede verse alarmada si desconoce el procedimiento penal ante una demanda».
A este respecto, recuerda que la fiscalía está obligada a incoar diligencias de investigación en todos los casos que se realiza una demanda penal «para buscar (si los hay) los posibles indicios de delito y los posibles autores, sin que ello signifique la apertura del proceso judicial».
