La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha calificado de «urgente y prioritario» que el Consejo de Ministros aborde y apruebe la subida salarial del 0,5% adicional pendiente para los empleados públicos, una medida comprometida en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que debería entrar en vigor en 2024. Durante una rueda de prensa en Toledo, acompañada por la secretaria regional de UGT Servicios Públicos, Carmen Campoy, Araque expresó su preocupación por la situación actual de los empleados y empleadas públicas, cuyas remuneraciones se encuentran congeladas y cuya incertidumbre sobre futuros aumentos salariales se extiende hasta 2025.
DFuente: Agencias
Araque solicitó una «subida salarial plurianual» para los empleados públicos, enfatizando que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no debería influir en esta medida esencial para mejorar las condiciones laborales del sector. Además, hizo hincapié en la necesidad de reformar los procesos de acceso a la administración pública, calificando el sistema actual como «anacrónico», ya que los procedimientos pueden extenderse por más de tres años. A su vez, afirmó que se deberían aprovechar los beneficios de la digitalización, incluyendo el uso de inteligencia artificial en las administraciones.
En otro orden de cosas, durante su intervención, Araque abordó la problemática de los servicios públicos gestionados de manera privada. Denunció que la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación constituyen obstáculos que afectan el correcto funcionamiento de estos servicios, citando como ejemplo las dificultades que enfrenta el transporte sanitario en Castilla-La Mancha.
Finalmente, subrayó la importancia de negociar una ley básica estatal de servicios sociales que garantice la protección de los trabajadores en este ámbito, donde un 90% son mujeres. Araque hizo un llamado a reforzar las condiciones laborales en áreas críticas como la dependencia, la ayuda a domicilio y los centros de recepción de migrantes, recordando las recientes agresiones sufridas en este ámbito, incluyendo la trágica muerte de una educadora en Badajoz.
UGT ya ha fijado su propuesta de legislación en servicios sociales, que considera esencial, aunque aún no se ha iniciado el proceso para su elaboración. Araque admitió que la creación de una ley básica de este tipo requerirá un tiempo considerable, destacando que no se trata de un asunto que se puede negociar en cuestión de días.
