El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, anunció el pasado martes la aprobación del nuevo pliego de condiciones para el servicio de transporte sanitario terrestre en la región. Sin embargo, esta noticia ha sido recibida con preocupación por parte de UGT Servicios Públicos, que asegura que la dotación económica contemplada en el nuevo contrato es insuficiente para mejorar las condiciones laborales de los cerca de 2.500 trabajadores del sector. Además, el sindicato advierte que este déficit presupuestario podría afectar la calidad del servicio asistencial.
Según UGT, el presupuesto del nuevo pliego se eleva a 108.100.000 euros, lo que representa un incremento de 1.500.000 euros en comparación con el actual presupuesto de 106.628.380 euros. El sindicato califica este aumento como «a todas luces, insuficiente», ya que no solo no contempla las necesarias inversiones en ambulancias y equipamiento, sino que tampoco proporciona una mejora significativa en las condiciones laborales de los profesionales del sector, cuyo convenio colectivo está caducado desde febrero de 2023.
Fernando Peiró, responsable de Sanidad de UGT en la región, subraya la gravedad de la situación al señalar que las oportunidades de mejora laboral para estos trabajadores quedarán congeladas durante los próximos cinco años. «El último convenio que firmamos, en 2016, solo recuperó algunos derechos perdidos tras la crisis de 2011. Hablamos de salarios estancados desde hace 13 años y de condiciones laborales que no han mejorado desde entonces», reclamó Peiró.
El responsable sindical también destacó que no se ha tenido en cuenta el incremento de vehículos necesarios para prestar un servicio de calidad, y planteó la incertidumbre sobre la inclusión de mejoras en los equipos asistenciales dentro de los nuevos pliegos. De continuar esta situación, advertía, se generarán problemas significativos tanto en la prestación del servicio como en la calidad de la atención.
Peiró recordó que en el anterior pliego, publicado en 2016, se anunció un aumento del presupuesto, aunque la cantidad finalmente adjudicada fue menor al coste real del servicio, debido a modificaciones realizadas por las empresas adjudicatarias. Esta situación provocó movilizaciones entre el personal, que contaron con el apoyo de la población, lo que llevó al consejero a comprometerse a destinar el resto del dinero al servicio durante su intervención en las Cortes regionales.
