La coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla-La Mancha, Irene Ortega, ha evaluado los datos de siniestralidad laboral en la región durante el primer semestre de 2024, advirtiendo que continúa siendo una de las regiones con mayor siniestralidad laboral, aunque ha matizado que se mantiene «una tendencia que continúa a la baja».
Según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el primer semestre de 2024 terminó en Castilla-La Mancha con un total de 13.512 accidentes de trabajo, de los cuales 13.383 fueron leves, 111 graves y 18 mortales, según ha trasladado UGT por nota de prensa.
La cifra total de siniestros representa un descenso del 1,8% respecto al mismo periodo de 2023, año en el que se produjo el mismo número de fallecimientos en las empresas.
Por provincias, la siniestralidad bajó en todas ellas salvo en Cuenca, donde creció un 3,2%. Destacan Toledo y Ciudad Real, donde disminuyeron un 8,8% y un 4,5%, respectivamente. Les siguieron Albacete (-2,2%) y Guadalajara (-0,2%).
Según las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, todo ello ha supuesto que el índice de incidencia de los accidentes de trabajo (el porcentaje de accidentes que se producen por cada 100.000 trabajadores/as) baje hasta los 278,6, frente a los 289,1 que había el año pasado.
Irene Ortega ha señalado que los datos no permiten celebrar una mejora significativa, dado que tan solo Baleares y Navarra superan a Castilla-La Mancha en siniestralidad laboral. «Además, las dos provincias con mayores índices de incidencias continúan siendo castellanomanchegas: Guadalajara y Cuenca», ha subrayado.
UGT Castilla-La Mancha ha solicitado centrar los esfuerzos en ambas provincias, analizando la situación que tienen las empresas conquenses y guadalajareñas y adoptando las medidas que sean necesarias, poniendo en marcha, si fuese preciso, planes de choque específicos para ambas.
El sindicato también ha puesto el acento en el aumento de los accidentes graves (de 105 a 111) y en las 18 personas que, de enero a junio, han perdido la vida en sus puestos de trabajo, «una realidad totalmente intolerable a la que hay que dar una solución de manera urgente».
