La Unión de Ganaderos y Ganaderas Independientes (UGI), un grupo emergente que aboga por los intereses de las explotaciones ganaderas en Castilla-La Mancha, ha acusado a la industria láctea de reducir «injustificadamente» los precios de la leche de cabra y oveja sin Denominación de Origen.
Compuesta por productores de las provincias de Ciudad Real y Toledo, la UGI busca ampliar su influencia a nivel regional, proporcionando representación a un sector que hasta ahora se consideraba sin suficiente voz. El colectivo ha surgido como una necesidad ante la percepción de carencia de soporte profesional en el ámbito ganadero específico de la región.
La organización se ha pronunciado respecto a los contratos lácteos recientes que parecen forzar a los ganaderos a aceptar precios inferiores, con una disminución en la leche de cabra de entre 9 y 11 céntimos por litro y, en el caso de la leche de oveja sin denominación propia, de hasta 18 céntimos menos por litro. Desde UGI califican el descenso de «arbitrario», subrayando la contradicción que implica considerando que los datos oficiales apuntan a una caída en la producción lechera y, paralelamente, un aumento en el consumo de productos lácteos.
José García de Mateos, presidente de UGI, ha remarcado la preocupante uniformidad en la reducción de precios por parte de las empresas y la presión que se ejerce sobre los ganaderos para firmar tales contratos antes del cierre del año, con la amenaza implícita de no recolección del producto para quienes se opongan.
El dilema para los ganaderos es significativo, como señala Begoña Fernández, miembro de UGI. La posibilidad de tomar medidas de presión como no suministrar la leche implica no poder afrontar los gastos cotidianos, lo cual puede conducir a la «ruina» de sus negocios.
Ante esta situación, UGI ha solicitado a la industria que mantenga, como mínimo, los precios que se han pagado hasta la fecha para el primer trimestre de 2024. Además, instan a las administraciones a implementar informes trimestrales que reflejen objetivamente la situación del mercado, en aras de asegurar la aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Por último, García de Mateos ha defendido la superior calidad de los productos ganaderos españoles, haciendo hincapié en que la importación de carne y leche de otros países no sólo afecta negativamente a los agricultores locales, sino también a los consumidores, quienes arriesgan adquirir productos de menor calidad a precios que no reflejan una disminución correspondiente.