En una sesión reciente celebrada en Bruselas, el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo propuso una nueva medida que busca limitar la capacidad de los Estados miembros de la Unión Europea para negar el reconocimiento de la paternidad establecida en otro país miembro, basándose en preocupaciones de política pública. Esta propuesta surge en el contexto de una creciente preocupación por la disparidad en el reconocimiento de los derechos parentales entre los diferentes Estados miembros.
La problemática actual radica en que, aunque la paternidad puede ser legalmente reconocida en un Estado miembro, otros Estados miembros pueden negarse a reconocerla alegando motivos de política pública, lo que genera incertidumbre legal y dificultades prácticas para las familias afectadas. Esto es especialmente problemático para familias que atraviesan fronteras dentro de la Unión Europea, buscando unificar su estatus legal en múltiples países.
El Comité de Asuntos Jurídicos destaca que este tipo de negativa no solo afecta la cohesión social y la unidad familiar, sino que también va en contra de los principios fundamentales de la Unión Europea, que promueven la igualdad y la libre circulación de personas. La presidenta del Comité, durante su intervención, subrayó la importancia de garantizar que los derechos y responsabilidades parentales sean uniformemente reconocidos en toda la Unión, independientemente del Estado miembro en el que hayan sido establecidos.
De aprobarse, esta nueva legislación obligará a todos los Estados miembros a reconocer la paternidad establecida en otro Estado miembro sin excepción basada en preocupaciones de política pública. La medida apunta a proporcionar una mayor seguridad legal y facilitar la libre circulación de las familias dentro del espacio europeo, asegurando que los niños y sus padres no enfrenten barreras legales al trasladarse de un país a otro.
La propuesta ha generado diversas reacciones. Mientras que algunos Estados miembros y organizaciones defensoras de los derechos humanos aplauden la iniciativa por considerar que fortalece la protección de los derechos familiares, otros muestran reticencias y argumentan que podría infringir la soberanía nacional en temas sensibles como la política familiar y la legislación sobre adopciones y reproducción asistida.
El debate sobre este tema se espera que continúe en los próximos meses, a medida que la propuesta avance a través de los diferentes mecanismos legislativos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo. Se prevé que este proceso incluya consultas con expertos legales, organizaciones de la sociedad civil y representantes de los gobiernos nacionales, encaminadas a encontrar un equilibrio entre la uniformidad legal y el respeto por las prerrogativas nacionales en materia de política pública.
El desafío para la Unión Europea radica en encontrar un compromiso que promueva la integración y protección de los derechos familiares, mientras se respetan las particularidades legislativas de sus Estados miembros. La resolución final de este tema podría marcar un importante precedente en la lucha por la cohesión social y el reconocimiento mutuo de derechos dentro de la Unión.
Nota de prensa UE
