Turno de Oficio de Ciudad Real Reclama Mejoras: Abogados Exigen Condiciones y Honorarios Justos ante la Subdelegación del Gobierno

Los abogados del turno de oficio de Ciudad Real piden un trato y retribuciones dignas ante la Subdelegación del Gobierno

Los abogados y abogadas del turno de oficio de la provincia de Ciudad Real llevan tres semanas en huelga y este viernes han manifestado su descontento a las puertas de la Subdelegación del Gobierno. Exigen un reconocimiento justo de su labor y la mejora de sus retribuciones, consideradas por ellos como indignas para la relevancia y complejidad de las labores que desempeñan.

Su demanda principal es que el Ministerio de Justicia establezca un trato equitativo y unas compensaciones acordes con el servicio que prestan. Adicionalmente, abogan por una regulación jurídica del profesional del turno de oficio, que incluya el pago de todas las actuaciones realizadas y el reembolso de los gastos derivados de su labor, como la gasolina y las dietas.

Los profesionales de la abogacía en huelga no han dudado en calificar como «ridícula» la media de 148 euros por caso, especialmente teniendo en cuenta la cantidad y diversidad de asuntos atendidos en 2022, que ascendieron a más de 12.600 en Ciudad Real. Ángel Gómez Cambronero, uno de los manifestantes, ha criticado la falta de compensación por los gastos en transporte y dietas, subrayando la extensa geografía provincial como un desafío adicional.

La movilización resalta no solo las preocupaciones personales de los letrados, sino también la trascendencia de asegurar condiciones dignas y una justa compensación para quienes garantizan un acceso equitativo a la justicia. Este asunto cobra especial importancia cuando se trata de representar a personas sin suficientes recursos para contratar servicios legales privados.

Los manifestantes recuerdan que su labor es fundamental para la justicia gratuita en España y por ello esperan una respuesta favorable del Gobierno y en especial del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Con esta respuesta, aseguran, se estará cumpliendo con el mandato constitucional que compromete al Estado a ofrecer defensa jurídica de calidad y sin coste para el ciudadano.

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