La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha convocado a Antonio Huélamo, fiscal jefe provincial de Toledo, para escuchar su versión sobre el caso de la fiscal sancionada con 1.500 euros por «retrasos injustificados» en su trabajo. Esta medida fue impuesta a pesar de que la fiscal había informado que estaba de baja por embarazo de alto riesgo y había solicitado trabajar desde casa para poder seguir adelante con los asuntos pendientes.
Los magistrados del Tribunal Supremo han aceptado las pruebas presentadas por la fiscal recurrente, incluyendo la declaración del fiscal jefe de Toledo, su secretaria y el delegado de Prevención de Riesgos Laborales de Toledo. Estas comparecencias están programadas para llevarse a cabo a partir de las 10.00 horas, según se ha podido confirmar a través de la providencia de citación.
Esta situación llega al alto tribunal luego de que la fiscal presentara un recurso con el objetivo de anular la sanción impuesta por infracción grave, de recuperar los 1.500 euros de multa y de que se reconozca que se vulneraron sus derechos.
En el recurso presentado, la fiscal denuncia una «gravísima situación de acoso por razón de género» en su contra, que comenzó en junio de 2021, cuando informó al fiscal jefe de su baja por embarazo de alto riesgo. Según el recurso, el fiscal jefe le habría ordenado trabajar desde casa a pesar de estar de baja y sabiendo que esta orden era ilegal.
Ante esto, la fiscal envió un correo electrónico a la Inspección Fiscal preguntando por qué debía trabajar estando de baja. La respuesta de la inspectora jefe señaló que la distribución de trabajo corresponde a los fiscales jefes y que estos tienen el deber de trabajar con prontitud y eficacia.
Más tarde, en julio de 2021, el fiscal jefe comunicó supuestos retrasos en la tramitación de expedientes por parte de la fiscal. Sin embargo, según el recurso, nunca antes se había quejado del trabajo realizado por la fiscal. El recurso incluso incluye la transcripción de la conversación en la que el fiscal jefe reconoce la sobrecarga de trabajo que la fiscal lleva por encima de lo que correspondería a un fiscal.
Para los abogados de la fiscal, resulta evidente que se le abrió un expediente disciplinario y se le sancionó por cuestionar una orden claramente ilegal del fiscal jefe.
Ahora, será el Tribunal Supremo quien determine si la sanción impuesta a la fiscal es válida o si se vulneraron sus derechos en este caso de presunta discriminación de género. La audiencia con el fiscal jefe provincial de Toledo será fundamental para esclarecer los hechos y tomar una decisión justa.
