En una reciente embestida contra el poder judicial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado un fuerte llamado al jefe del Tribunal Supremo, John Roberts, exigiendo acciones firmes contra los jueces que han bloqueado varias de sus órdenes ejecutivas. Desde su regreso a la presidencia, Trump ha firmado una serie de decretos que han sido el centro de fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. Diversas órdenes han sido temporalmente suspendidas por jueces a lo ancho del país, desatando la ira del mandatario.
A través de su perfil en la red social Truth Social, Trump expresó su frustración, acusando a los jueces de ser parte de una «izquierda radical» que, según él, podría llevar a la destrucción de Estados Unidos. «¡Los mandatos judiciales nacionales ilegales de jueces de izquierda radical podrían conducir a la destrucción de nuestro país!», exclamó. Además, tildó a estas figuras jurídicas de «lunáticos» sin ninguna consideración por las repercusiones de sus decisiones.
El presidente estadounidense señaló que abogados por todo el país buscan activamente a estos jueces para presentar demandas, esquivando así las políticas de su administración. Trump argumentó que esto representa un intento de usurpar los poderes de la Presidencia sin obtener el respaldo necesario en votos, aludiendo a los 80 millones de votos que él recibió. En este sentido, hizo un llamado urgente a John Roberts y al Tribunal Supremo para «solucionar esta situación tóxica y sin precedentes inmediatamente», advirtiendo que de no hacerlo, «nuestro país estará en serios problemas».
El presidente insistió en la importancia de que un mandatario pueda actuar de manera rápida y decisiva en cuestiones críticas para la seguridad nacional, como la repatriación de criminales. La visión de Trump, marcada por el lema «Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez» (‘Make America Great Again’), se ve obstaculizada por lo que él considera como interferencias judiciales partidistas que impiden una justicia eficaz. Por lo tanto, ha urgido a detener los mandamientos judiciales a nivel nacional antes de que sea «demasiado tarde».
La administración Trump ha sido objeto de diversos fallos judiciales adversos, incluida la suspensión de la deportación de venezolanos, el bloqueo de la prohibición a las personas transgénero de servir en el ejército y el restablecimiento de empleados en periodo de prueba despedidos. Estas decisiones han marcado un periodo de tensiones crecientes entre el ejecutivo y el judicial, poniendo de manifiesto las profundas divisiones ideológicas que atraviesan Estados Unidos.
