En un movimiento significativo que ha generado reacciones fuertes, el presidente Donald J. Trump firmó anoche una orden ejecutiva para poner fin a la subvención pública que financia a National Public Radio (NPR) y al Public Broadcasting Service (PBS). Estas organizaciones, que reciben decenas de millones de dólares en fondos de los contribuyentes cada año, han sido acusadas de difundir propaganda considerada radical y «woke» bajo la apariencia de noticias.
La decisión de Trump se sustenta en opiniones generalizadas sobre el contenido que estas entidades han promovido, el cual sus críticos describen como tendencioso y polémico. Entre los ejemplos citados, se encuentra un artículo de NPR titulado “Canibalismo: Es ‘Perfectamente Natural’”, donde un autor comentaba sobre la preparación y consumo de la placenta de otro ser humano, presentando la experiencia de forma sorprendentemente normalizada.
Además, NPR fue criticada en 2021 por calificar la Declaración de Independencia como un documento «con defectos y hipocresías arraigadas». Esa misma institución abandonó su tradición de leer el documento durante la celebración del Día de la Independencia, optando por un discurso sobre «la igualdad». A lo largo de los años, NPR también se ha enfrentado a controversias por su lenguaje y enfoques, incluyendo una disculpa por llamar «ilegales» a los inmigrantes indocumentados y por abordar tópicos como la «privilegiación blanca» y hasta la existencia de «animales queer».
La crítica no se limitó a los contenidos; también se ha argumentado que NPR y PBS han creado un ambiente hostil para las opiniones no alineadas con la izquierda. Un reporte del 2020 reveló que NPR rechazó cubrir el escándalo del portátil de Hunter Biden, considerándolo un «distraction». Este sesgo se ha manifestado en diversas formas, desde la cobertura del COVID-19 hasta la discusión sobre la industria del entretenimiento.
Al firmar esta orden ejecutiva, la administración de Trump busca poner un alto a lo que se describe como una «maldición» de los fondos públicos que, según sus defensores, debería estar destinado a un periodismo más imparcial y representativo. La reacción ha sido intensa, reflejando la profunda división en el panorama mediático estadounidense, donde la opinión pública está claramente polarizada en torno a las cuestiones de financiación y dirección editorial de los medios de comunicación públicos.
Así, la medida no solo marca un punto de inflexión en la política de medios, sino que también reaviva el debate sobre el rol del periodismo público en la era moderna y su responsabilidad hacia los contribuyentes que los sostienen.
Fuente: WhiteHouse.gov
