En una medida que ha enviado ondas de choque a través del panorama internacional y educativo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha implementado una prohibición de viaje significativa y ha impuesto restricciones de entrada al país para ciudadanos de múltiples naciones, citando preocupaciones de seguridad nacional. La orden ejecutiva, firmada este miércoles por Trump, impide la entrada a Estados Unidos de inmigrantes provenientes de 12 países y limita la entrada a ciudadanos de otras siete naciones, incluidas Cuba y Venezuela.
Esta nueva prohibición afecta a países como Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, con restricciones adicionales aplicadas a Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. La prohibición, que se hará efectiva a partir del próximo 9 de junio, establece un período de revisión de 90 días seguido de informes cada 180 días por parte del Secretario de Estado al presidente, con recomendaciones sobre la continuación, modificación o finalización de estas restricciones.
Además de los impedimentos de viaje, Trump ha cancelado la emisión de visados para estudiantes extranjeros de Harvard, en una medida que parece agravar la tensión entre la administración y la institución académica, tras acusaciones previas de antisemitismo contra la universidad. Esta decisión limita la capacidad de Harvard para acoger a nuevos estudiantes internacionales bajo el Programa de Visas de Intercambio Estudiantil (SEVP), y ordena la revisión de las visas ya otorgadas, lo que podría llevar a su revocación bajo ciertas condiciones.
La administración justifica estas medidas por la necesidad de «salvaguardar la seguridad nacional» y apunta a las preocupaciones largamente expresadas por el FBI sobre la explotación de la educación superior estadounidense por «adversarios y competidores» extranjeros para fines de espionaje y desinformación. Según Trump, la incapacidad de instituciones educativas como Harvard para proporcionar información adecuada sobre la conducta de estudiantes extranjeros representa un «riesgo inaceptable» para la seguridad nacional.
La Universidad de Harvard ha respondido con fuerza a estas restricciones, calificándolas de «ilegales» y afirmando que violan los derechos de la universidad. Se ha destacado la importancia de proteger a los estudiantes internacionales y se ha reiterado el compromiso de la universidad de resistir las presiones de la administración que, según ellos, socavan la libertad académica y educativa.
Esta serie de medidas ha provocado debates intensos sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y la libertad académica, así como sobre el impacto que tendrán estas políticas en la posición de Estados Unidos como destino preferido para el estudio y la investigación internacionales. Con manifestaciones en apoyo a los estudiantes internacionales ya teniendo lugar y desafíos legales inminentes, este desarrollo marca otro capítulo controversial en la administración de Trump, poniendo de relieve las tensiones entre la seguridad, la educación y los derechos humanos en el escenario global.
