La administración Trump ha tomado una decisión sin precedentes al anunciar la cancelación de todos los contratos federales con la Universidad de Harvard, valorados en unos 100 millones de dólares. Esta drástica medida, comunicada a través de una carta que será distribuida a las agencias federales este martes, se enmarca en una serie de acciones emprendidas contra la prestigiosa institución educativa.
Según el borrador de la carta revelado por The New York Times, Josh Gruenbaum, Comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, ha instruido a las agencias a revisar y, en su caso, rescindir todos aquellos contratos con Harvard que no sean considerados esenciales. Además, propone que los servicios críticos actualmente vinculados a la universidad sean transferidos a otros proveedores para garantizar la continuidad de las operaciones. La Administración de Servicios Generales de EE. UU. (GSA) está facilitando este proceso de transición.
Este movimiento se alinea con la directiva de la administración Trump de garantizar que los servicios federales contratados reflejen y promuevan las prioridades estratégicas del gobierno. Dentro de este contexto, la situación de Harvard se ha visto notablemente afectada. El mes pasado, la administración congeló alrededor de 3.200 millones de dólares en subvenciones y contratos, añadiendo a esto la prohibición de matricular a estudiantes internacionales, una medida que fue temporalmente detenida por intervención judicial.
Las acciones del gobierno contra Harvard responden a lo que describen como una lucha por los derechos civiles, criticando a la universidad por lo que consideran un sesgo «woke», decisiones de admisión basadas en consideraciones raciales y tolerancia a comportamientos antisemitas. Una carta de Gruenbaum acusa a la institución de discriminación racial y denuncia una preocupante falta de consideración por la seguridad de los estudiantes judíos.
Ante esta situación, Harvard ha optado por responder legalmente. La universidad ha presentado una demanda en busca de la restauración de los fondos federales y solicitó una intervención judicial para preservar su derecho a matricular a estudiantes internacionales. La semana pasada, la jueza Allison D. Burroughs brindó un alivio temporal a Harvard, permitiendo la matriculación de estos estudiantes mientras se espera una decisión definitiva en una audiencia próxima.
El presidente de Harvard, Alan M. Garber, ha expresado su inquietud sobre el impacto de estas medidas en la capacidad de la universidad para operar efectivamente, calificando la situación como potencialmente devastadora. Con aproximadamente 6.800 estudiantes internacionales afectados, lo que representa el 27% de su población estudiantil, las consecuencias de una decisión final adversa podrían ser significativas para la comunidad universitaria de Harvard.
