En una medida que ha generado polémica y debatido, el presidente Donald J. Trump firmó recientemente una orden ejecutiva que pone fin a la subvención de medios considerados sesgados, específicamente a la National Public Radio (NPR) y al Public Broadcasting Service (PBS). Esta decisión, según la administración Trump, es parte de un esfuerzo más amplio por garantizar que los fondos de los contribuyentes no se destinen a respaldar organizaciones que, a su juicio, están comprometidas con una agenda política de izquierda.
La orden ejecutiva, que se ha interpretado como un intento de cortar la financiación pública de estos medios, establece que NPR y PBS, que reciben decenas de millones de dólares anualmente a través de la Corporation for Public Broadcasting (CPB), ya no podrán recibir financiación federal. Además, se instruye a todos los organismos federales a que terminen cualquier forma de financiación directa o indirecta a estas organizaciones y que revisen los contratos existentes para garantizar el cumplimiento.
Los críticos de NPR y PBS han argumentado que, si bien los fondos provienen del gobierno, los contenidos de estos medios frecuentemente promueven una agenda política que favorece a los demócratas. Esta percepción se ha hecho más pronunciada en los últimos años, a medida que el panorama mediático se ha diversificado y se ha vuelto más competitivo. Entre los ejemplos citados, se encuentra un estudio que reveló que en la sala de redacción de NPR, el número de demócratas superó al de republicanos en una relación de 87 a 0.
Además, diversas acciones editoriales y decisiones de cobertura han alimentado acusaciones de sesgo. Desde evitar el término “sexo biológico” en discusiones sobre temas transgénero, hasta críticas por la falta de cobertura del escándalo del portátil de Hunter Biden, las decisiones editoriales de NPR han sido consideradas por muchos como ejemplos de una inclinación política. Por su parte, PBS ha sido señalado por su cobertura desproporcionadamente negativa hacia los republicanos en comparación con los demócratas.
Con este acto, Trump busca también revisar la necesidad de los fondos públicos en un entorno donde la información está más accesible que nunca gracias a internet y a una amplia variedad de opciones mediáticas. La administración argumenta que el financiamiento por parte del gobierno es innecesario y podría comprometer la independencia periodística.
La orden ejecutiva se suma a otras iniciativas del presidente para mejorar la eficiencia del gobierno, destacando la creación del «Departamento de Eficiencia del Gobierno», encargado de optimizar el uso de los recursos públicos. Según Trump, es vital que los dólares de los contribuyentes se utilicen de manera efectiva, en lugar de financiar proyectos que, según él, no benefician a la población estadounidense trabajadora.
La decisión, que ya ha suscitado reacciones de apoyo y oposición, marca un nuevo capítulo en la relación entre los medios de comunicación, la política y el financiamiento público, planteando preguntas sobre la neutralidad y el papel del gobierno en el apoyo a los medios de comunicación.
Fuente: WhiteHouse.gov
