El presidente Donald J. Trump ha firmado recientemente una orden ejecutiva que suspende las autorizaciones de seguridad de los empleados de la firma legal Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, conocida como WilmerHale. Esta medida, que afecta de manera inmediata las credenciales de acceso a información sensible, busca someter a revisión dichas autorizaciones para determinar si son compatibles con los intereses nacionales.
La orden pone un alto a los servicios y materiales proporcionados a WilmerHale, lo que incluye el acceso a instalaciones que manejan información clasificada. Además, se prohíbe a las agencias federales contratar a empleados de la firma a menos que se obtenga una autorización específica. Esta decisión, que se enmarca en un esfuerzo más amplio de la administración Trump por garantizar que los fondos de los contribuyentes no subsidien a contratistas cuyas actividades no se alineen con los intereses estadounidenses, también implica la terminación de contratos existentes entre el gobierno federal y WilmerHale.
Trump ha denunciado las prácticas de la firma, acusándola de haber abandonado los principios éticos más altos de la profesión legal y de haber utilizado su práctica pro bono para llevar a cabo actividades que socavan la justicia y los intereses del país. En particular, se señala que WilmerHale persigue objetivos partidistas y apoya esfuerzos que favorecen la discriminación racial. La firma ha sido criticada por presuntamente obstaculizar iniciativas destinadas a combatir la actividad delictiva relacionada con inmigrantes no autorizados y por contribuir a la degradación del proceso electoral al promover la participación de no ciudadanos en las votaciones.
Además, se afirma que WilmerHale ha discriminado a sus empleados basándose en la raza y en otras categorías protegidas por las leyes de derechos civiles, utilizando metas basadas en razas. La controversia se intensifica con el hecho de que la firma ha acogido a figuras como Robert Mueller, jefe de la investigación que Trump califica de partidista, sugiriendo que esta acción ejemplifica la ‘armamentización’ del gobierno.
Esta orden ejecutiva es parte del compromiso de Trump de retornar la rendición de cuentas a las prácticas gubernamentales y de proteger a la nación de actores que explotan su influencia de manera desleal. Junto a la acción contra WilmerHale, el presidente ha prometido continuar sus esfuerzos por reformar el funcionamiento del gobierno para que esté al servicio de los ciudadanos. Esta iniciativa también se suma a acciones previas, incluyendo la revocación de autorizaciones de seguridad a funcionarios de inteligencia que, según el Presidente, difundieron información engañosa en torno a las elecciones presidenciales de 2020.
A medida que la administración siga adelante con estas medidas, se abre un nuevo capítulo en el debate sobre la ética en la práctica legal y el papel del gobierno en la salvaguarda de la integridad nacional. Las implicaciones de estas acciones podrían resonar no solo para WilmerHale, sino también para otras firmas legales que se encuentran bajo el escrutinio de la administración.Trump parece decidido a implementar un enfoque más riguroso hacia las firmas legales y sus interacciones con el gobierno federal, proponiendo un cambio significativo en la forma en que se manejan las autorizaciones de seguridad y los contratos gubernamentales.
Fuente: WhiteHouse.gov
