En un giro inesperado en el ámbito laboral y político de Israel, el tribunal laboral del país intervino para poner fin a una huelga general convocada por la Histadrut, la central sindical más grande de Israel. La decisión, tomada el lunes en Tel Aviv, se fundamentó en la caracterización del paro como un acto de naturaleza política, en lugar de un conflicto laboral colectivo, respaldando así la posición del Fiscal del Estado.
La huelga, que buscaba ejercer presión sobre el Gobierno para negociar un acuerdo de rehenes con Hamás, había logrado paralizar parcialmente la nación desde su inicio a primeras horas del día. Sectores críticos como los bancos, algunas universidades y servicios de correos y transporte se unieron a esta acción, que fue descrita como una huelga general simbólica. Sin embargo, la orden judicial exigió el cese de las actividades huelguísticas a las 14:30 horas locales, poniendo fin al paro antes de lo programado por los organizadores, inicialmente previsto para concluir a las 18:00 horas.
Arnon Bar-David, presidente de Histadrut y figura clave detrás de la movilización, expresó su respaldo a la medida de huelga pero también su respeto por el estado de derecho, indicando su acatamiento a la determinación del tribunal. «Vivimos en un Estado de Derecho y respetamos la decisión del tribunal. Por ello, instruyo a todos a volver al trabajo a las 14:30 horas», afirmó Bar-David, señalando la importancia de mantener el orden y la legalidad en los actos de protesta.
El detonante de esta movilización fue la reciente recuperación de los cuerpos de seis cautivos, presuntamente asesinados por Hamás, antes de que pudieran ser rescatados por las fuerzas israelíes en el sur de Gaza. Este lamentable suceso avivó las llamas del descontento y la urgencia por un acuerdo de paz, evidenciado en las masivas protestas que tuvieron lugar en varias ciudades, incluida una manifestación de más de 300.000 personas en Tel Aviv, que enfrentó la represión de las fuerzas de seguridad.
La decisión del tribunal laboral no solo ha cesado la huelga, sino que también ha planteado debates sobre la naturaleza de las protestas y su interpretación en el marco legal del país. Mientras el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, celebró la decisión calificando la huelga de política e ilegal, muchos se preguntan sobre el futuro de la movilización social en Israel y su capacidad para influir en decisiones gubernamentales críticas, especialmente en temas tan sensibles como los acuerdos de paz con grupos contrarios.
