Agentes de la Policía Nacional han realizado una operación que resultó en la liberación de tres personas que eran víctimas de trata y explotación en dos plantaciones de marihuana ubicadas en Colmenar de Oreja y Chiloeches. Según el comunicado de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, las víctimas fueron engañadas en sus países de origen con falsas promesas de empleo en el sector de la construcción. Tras llegar a España, las promesas se esfumaron al ser forzadas a trabajar en el cultivo ilegal de marihuana.
Durante la intervención se incautaron 2500 plantas y más de 4200 cogollos de marihuana, con un valor que podría superar los 270.000 euros en el mercado negro.
Esta situación salió a la luz en mayo del año anterior gracias a las investigaciones policiales, que permitieron identificar a las víctimas y las condiciones inhumanas a las que estaban siendo sometidas. La red criminal se encargaba de todas las gestiones para la llegada de las víctimas a España, incluyendo la compra de billetes de avión y proporcionando dinero para acreditar su estadía en el país.
Una vez en España, las víctimas eran distribuidas entre diferentes plantaciones donde se encargaban del cultivo y mantenimiento de las plantas de marihuana. Parte de los ingresos generados se destinaba a saldar la deuda contraída con los líderes de la organización.
Las condiciones de vida y trabajo de las víctimas eran extremadamente duras, sufriendo amenazas constantes y coacciones que les impedían abandonar su situación de explotación. Además, se encontraban en situación administrativa irregular y estaban sujetas a un control permanente, incluida la retirada de documentación, el uso de cámaras de vigilancia y condiciones laborales muy abusivas.
A finales del año pasado, se logró desmontar la red criminal y se arrestó a dos de sus integrantes. A principios de este mes se produjo el arresto de un tercer integrante. A los detenidos se les imputan cargos por presuntos delitos de trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y violación de derechos de ciudadanos extranjeros.