Tres Detenidos en Cuenca Por Explotación Laboral de Inmigrantes Irregulares

Detenidas tres personas en Cuenca por explotar laboralmente a trabajadores inmigrantes en situación irregular

En una operación coordinada entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Cuenca, se ha procedido a la detención de tres individuos en Cuenca bajo la acusación de cometer varios delitos relacionados con la explotación laboral de ciudadanos extranjeros y otros ilícitos.

El comienzo de la investigación se remonta a enero, cuando las autoridades detectaron a un ciudadano extranjero sin permiso de trabajo y residencia en el país, quien conducía frecuentemente una furgoneta perteneciente a una empresa constructora. A pesar de no contar con licencia de conducción, el individuo se desempeñaba como uno de los responsables de la organización, distribuyendo tareas y trasladando a los trabajadores a distintos lugares de trabajo.

La operación de la compañía se extendía por la capital de Cuenca y diversos municipios de la provincia, lo que llevó a una colaboración entre la Policía Nacional y la Guardia Civil para investigar más a fondo. El esfuerzo conjunto reveló que la pareja del principal investigado era la responsable legal de la empresa, la cual llevaba a cabo actividades significativas en el sector de la construcción.

Durante las inspecciones, se descubrió que la empresa contaba con cuatro empleados extranjeros que no poseían los permisos de residencia ni laborales necesarios y eran privados de los derechos que les corresponden según la ley. Además, otro trabajador que carecía de estos permisos utilizaba documentación de un ciudadano español para trabajar y evitar así inspecciones laborales.

Los operativos desplegados resultaron en la recolección de suficientes indicios que permitieron la detención de los sospechosos, siendo dos varones de 27 y 20 años, y una mujer de 26 años, por los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, usurpación de estado civil y contra la seguridad vial. Las actuaciones han sido remitidas a la autoridad judicial competente para avanzar con las investigaciones y procesos pertinentes.

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