La fiscalización del cumplimiento del Código de Conducta aprobado en octubre de 2020 por las Cortes Generales revela un notorio incumplimiento en el Congreso de los Diputados. La mayoría de los parlamentarios no reportan en sus fichas de la página web de la Cámara las reuniones con grupos de interés y entidades de la sociedad civil, incumpliendo así con la transparencia en cuanto a sus actividades fuera del ámbito netamente parlamentario.
De acuerdo a la verificación realizada por Europa Press, únicamente nueve de los 350 diputados proporcionan información adicional en sus agendas. Este bajo número refleja solo al 2,5% de los congresistas, mientras que el 97,5% simplemente documenta sus asistencias a sesiones plenarias, comisiones y otras reuniones orgánicas del Congreso.
En el informe de 2022 realizado por la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes, se señaló que tan solo 24 diputados y 15 senadores reportaban encuentros o actividades distintas a sus deberes formales. No obstante, el informe de 2023 expuso una disminución en la Cámara Baja en este aspecto mientras que el Senado mostró mejoras.
La Oficina de Conflicto de Intereses, en su reporte más reciente al que tuvo acceso Europa Press, enfatiza la necesidad de regular a los grupos de interés en las Cortes, sugiriendo la creación de un registro público obligatorio para los ‘lobbies’.
Dentro del grupo reducido de diputados que transparentan sus reuniones externas, seis pertenecen al PSOE y tres al PP. Entre los socialistas, se destacan varias diputadas que comunican sus citas con diferentes colectivos sociales y de interés público, así como el diputado José Zaragoza, quien incluye tanto reuniones partidarias como encuentros con organizaciones empresariales.
Por el lado del Partido Popular, dos diputadas informan sobre su participación en actos públicos y jornadas, mientras que la tercera, Macarena Lorente, registra encuentros con organizaciones vecinales y empresariales desarrollados en su circunscripción.
Este incumplimiento generalizado respecto a la divulgación de todas las actividades no estrictamente legislativas pone en evidencia la necesidad de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de los representantes electos ante la ciudadanía.
