En un reciente esfuerzo por cambiar el rumbo de la educación en Estados Unidos, se ha promulgado un nuevo decreto ejecutivo que busca acabar con lo que se describe como «indoctrinación radical» en las escuelas K-12. Esta orden, firmada por el Presidente, establece una política que busca restaurar la autoridad de los padres en la educación de sus hijos y garantizar que las escuelas proporcionen una enseñanza alineada con los principios patrióticos.
El decreto señala que muchos padres han observado cómo las escuelas han comenzado a introducir ideologías antiamericanas, y esto se ha convertido en un tema de intensa controversia. La administración argumenta que los estudiantes son frecuentemente empujados a adoptar roles de «víctimas» y «opresores» en base a características inmutables como el color de piel. Además, se advierte sobre la presión a la cual se someten a los jóvenes, que en algunos casos incluyen cuestionar su identidad de género sin el conocimiento o aprobación de sus padres.
La orden subraya que estas prácticas no solo deterioran la capacidad de los estudiantes para pensar críticamente, sino que también fomentan la división y la desconfianza en un momento en el que la unidad nacional es más importante que nunca. Se enfatiza que la imposición de ideologías consideradas subversivas podría violar leyes federales existentes que protegen los derechos de los padres y prohíben la discriminación.
La estrategia para poner fin a esta indoctrinación prevé que, en un plazo de 90 días, los Secretarios de Educación, Defensa y Salud y Servicios Humanos presenten al Presidente un plan que contemple la eliminación de fondos federales para prácticas consideradas ilegales o discriminatorias en las escuelas. Este plan requerirá un análisis exhaustivo de todas las fuentes de financiamiento federal que apoyan la promoción de ideologías que no son bienvenidas en el sector educativo.
Además de abordar la enseñanza en las aulas, el decreto también contempla la reactivación de la Comisión Asesora 1776, que fue creada con el propósito de promover la educación patriótica. Esta comisión tiene la responsabilidad de incentivar el conocimiento sobre la historia de Estados Unidos y sus fundadores, y se prepara para celebrar el 250 aniversario de la independencia del país en 2026.
Por otro lado, la administración busca asegurar que las instituciones educativas federales cumplan con las leyes existentes que mandatan la educación sobre la Constitución y la historia americana. Se prevé que se asignen recursos para la promoción de programas de educación histórica y cívica, dentro de un marco que busca reforzar el sentido de identidad nacional y el patriotismo entre las nuevas generaciones.
Con este paso, la administración está dando un giro importante hacia una educación que, según sus defensores, busca devolver a las escuelas los valores tradicionales y fomentar una mayor participación de los padres en el proceso educativo. Mientras tanto, el impacto de esta iniciativa se medirá a lo largo del tiempo, en un escenario educativo cada vez más polarizado.
Fuente: WhiteHouse.gov
