Las empresas deberán adaptar su sistema de registro horario a un formato digital accesible y enfrentarán multas más severas por incumplimientos
Con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas prevista para 2025, las empresas estarán obligadas a implementar un registro horario digital que permita a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acceder a los datos de forma remota. Este cambio busca garantizar el cumplimiento efectivo de las normativas laborales, facilitando la supervisión. Además, las sanciones por incumplimientos serán más estrictas, incrementándose sustancialmente.
El Ministerio de Trabajo ya ha señalado que el objetivo es contar con un sistema fiable, objetivo e interoperable, permitiendo a los trabajadores y sus representantes consultar la información en cualquier momento. La desconexión digital y la accesibilidad son otras medidas clave incluidas en esta normativa, que también afectará a los métodos tradicionales de registro.
Los plazos y sanciones por incumplimiento del nuevo sistema
Aunque todavía no hay una fecha oficial, se estima que el registro horario digital comenzará a aplicarse en diciembre de 2025. Esto depende del plazo de seis meses para su implementación, contado desde la entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral. Las modificaciones buscan modernizar el sistema, eliminando el uso de registros manuales y aumentando las responsabilidades de las empresas.
Las multas también experimentarán cambios importantes. Actualmente, las sanciones oscilan entre los 751 y 7.500 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. La nueva normativa establecerá multas por cada trabajador afectado, lo que podría elevar significativamente los costos para las empresas. Las cuantías pasarán a ser entre 1.000 y 10.000 euros según el grado de incumplimiento, aumentando la presión sobre las organizaciones para cumplir con estas obligaciones.
Las implicaciones para los trabajadores y las empresas
El registro horario digital no solo será obligatorio para todas las empresas, sino que también deberá cumplir con estrictos criterios de fiabilidad y accesibilidad. Esto permitirá un seguimiento exhaustivo del tiempo de trabajo, mejorando la transparencia y el control de las jornadas laborales. Además, este sistema facilitará a los empleados el acceso a sus registros, asegurando que se respeten sus derechos laborales.
Por otro lado, los empresarios deberán asumir costos adicionales para actualizar sus sistemas actuales y garantizar su conformidad con los nuevos requisitos. La Inspección de Trabajo tendrá mayor capacidad para sancionar a las empresas infractoras, ya que el acceso remoto agilizará las revisiones y evitará posibles irregularidades. Este cambio representa un gran desafío para las compañías que aún dependen de métodos tradicionales.
