El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha hecho hincapié en la firmeza del Gobierno ante la posibilidad de que alguna comunidad autónoma impida el traslado de menores migrantes. Durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Torres afirmó que, de presentarse tal situación, se activarían los «mecanismos pertinentes» y la Fiscalía de Menores intervendría para garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, el ministro expresó su confianza en que no se producirán oposiciones por parte de los presidentes autonómicos.
Torres subrayó que le resulta incomprensible que los presidentes no acaten la legislación, asegurando que confía en su cumplimiento. Aunque no especificó si la intervención de la Fiscalía podría resultar en que los menores fueran trasladados a la península por la fuerza, sí mencionó que los procedimientos están establecidos en caso de que alguna comunidad no asuma su responsabilidad.
El ministro también criticó la oposición de comunidades gobernadas por el Partido Popular al decreto de traslado de menores migrantes, considerándolo «un error histórico». En este sentido, destacó la paradoja de que Baleares se oponga al decreto mientras experimenta un aumento en la llegada de pateras, sugiriendo que la comunidad podría beneficiarse de solicitar la contingencia migratoria en el futuro. Torres señaló que la medida también responde a las necesidades de las comunidades en la frontera y que la presidenta de Baleares debería tener esto en cuenta.
En relación a la solicitud de Andalucía de ser considerada como territorio frontera, Torres manifestó su incomprensión, explicando que el nuevo decreto establece una clasificación objetiva según el número de menores no acompañados y la población de cada comunidad. Afirmó que Andalucía actualmente se encuentra por debajo en cuanto a la acogida de menores y que, si hubiera una situación como la de 2018, sería una de las comunidades que necesitaría enviar menores debido a su saturación.
Finalmente, el Ministro de Política Territorial rechazó nuevamente la idea de que el decreto favorezca a comunidades como Cataluña y País Vasco, reiterando su postura sobre la equidad en la distribución de los menores migrantes.
