Tolón advierte que C-LM perderá 230 millones de euros si se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria

Tolón asegura que C-LM perderá 230 millones de euros si se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha expresado su preocupación ante la decisión anunciada por el Partido Popular (PP) de votar en contra de la senda de estabilidad presupuestaria en el Congreso. Según Tolón, esta postura podría resultar en una pérdida de 230 millones de euros para la comunidad autónoma, lo que afectaría gravemente su capacidad de gasto en los próximos años.

En un comunicado, la delegada subrayó que el rechazo del PP a la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno de España limitaría el margen fiscal de Castilla-La Mancha para los ejercicios de 2025 y 2026. «Si el PP rechaza la senda de estabilidad, no está perjudicando al Gobierno central, estará perjudicando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, reduciendo su capacidad de gasto en los próximos dos años», afirmó Tolón.

Milagros Tolón destacó que la pérdida de estos 230 millones de euros tendría un impacto directo en áreas esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, lo que afectaría a los ciudadanos de Castilla-La Mancha. La delegada también mencionó que las principales ciudades de la región experimentarían recortes significativos en su capacidad de gasto. Toledo perdería 6,8 millones de euros, Albacete 9,6 millones, Ciudad Real 4,8 millones, Guadalajara 4,7 millones y Cuenca 3,2 millones.

La delegada recordó además que las comunidades autónomas gobernadas por el PP habían avalado anteriormente, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la senda propuesta por el Gobierno y se habían abstenido en esa ocasión, reconociendo que los nuevos objetivos de déficit les beneficiaban. Tolón califica el voto en contra en el Congreso como «una grave irresponsabilidad, una gran incongruencia y una falta de respeto al principal órgano de discusión y diálogo entre el Estado y los gobiernos autonómicos».

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