Alberto González Amador, investigado por delitos fiscales y falsedad documental, se encuentra en el centro de una polémica con repercusiones políticas
El caso que rodea a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha generado un intenso debate político en Madrid. Mientras se investigan delitos relacionados con fraude fiscal y falsedad documental, el foco mediático se ha desviado hacia el líder socialista Juan Lobato. Este giro ha permitido al Partido Popular reducir la atención sobre las actividades de González Amador durante la pandemia, en las que habría obtenido comisiones por 350.000 euros.
La investigación judicial contra González Amador incluye múltiples acusaciones graves. Entre ellas, destacan irregularidades en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021, con facturas falsas que buscaban reducir la cuota tributaria. Además, la jueza Inmaculada Iglesias está revisando posibles delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. Facturas relacionadas con gastos de lujo, como coches fuera de España y relojes de alta gama, también forman parte del expediente.
Lobato se defiende mientras crece la presión en el PSOE
En paralelo, el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, enfrenta presiones internas para abandonar su cargo debido a su implicación en el caso. Lobato asegura que ha sido víctima de un linchamiento político y ha dejado su futuro en manos de las bases del partido. Su decisión de registrar ante notario intercambios de mensajes relacionados con el caso ha generado críticas dentro y fuera de su formación.
En una intervención pública, Lobato acusó al Partido Popular de desviar la atención de los delitos de González Amador hacia él. También expresó su preocupación por la reacción de algunos dirigentes del PSOE, a quienes acusó de intentar manipular la situación para perjudicar su liderazgo. Este fin de semana, el Congreso Federal en Sevilla podría marcar un punto clave en el futuro político del líder socialista madrileño.
Implicaciones judiciales y políticas del caso
El caso de González Amador no solo tiene repercusiones judiciales, sino también políticas, al convertirse en una herramienta de confrontación entre partidos. El PSOE y Más Madrid han logrado que la jueza incluya nuevas diligencias para investigar si el empresario ocultó pagos a Hacienda, ampliando el alcance de las pesquisas.
La resolución de este caso será determinante tanto para el futuro de Alberto González Amador como para el impacto político en las filas del PSOE y el PP. La investigación judicial y las dinámicas políticas seguirán alimentando un escenario de alta confrontación en la Comunidad de Madrid.
