El COVID-19 y el tiempo que estuvieron cerrados los juzgados, sumados a la “mala gestión” por parte de INSS de acuerdo a expertos, provocan un desajuste en los plazos administrativos y judiciales que, de momento, no tienen freno.
Según Lorenzo Pérez, presidente de Fidelitis, el grupo español de consultoría legal especializado en obtención de prestaciones sociales, los motivos de este descalabrado de fechas son claros: La escasez de citas desde el comienzo de la pandemia y el aplazamiento de las mismas, junto con el poco personal en plantilla, la cual, en lugar de aumentar, se ha visto reducida en muchas ocasiones.Y si a eso le sumamos que los funcionarios que hacen la mitad de la jornada fuera de la Institución, cuando están en casa teóricamente teletrabajando, no pueden hacer su trabajo por falta de medios, todo junto conforma el cóctel perfecto para este despropósito.
El presidente del Grupo Fidelitis y experto en aspectos socio-laborales reivindicó que: “Es inadmisible e incluso obsceno que se señalen juicios por incapacidad laboral para 2024. ¿Podemos, en serio, normalizar que una persona que no puede trabajar y por eso está pleiteando para reclamar sus derechos, tenga que resignarse a esperar más de 3 años a que se celebre su juicio? Pues parece un mal chiste de Jaimito pero por desgracia es la realidad. De hecho, hay pacientes, con cáncer, por ejemplo, que se nos están muriendo, literalmente, antes de que se celebre su juicio, ¿dónde está la Justicia para estos pacientes?”.
Además, hay que tener en cuenta que este tipo de procesos, que ya suelen ser largos de por sí en el camino administrativo, ahora, con la pandemia, y la falta de recursos, citas presenciales, etc., se vieron ampliados en plazos y en endurecimiento del proceso:
“La situación es ahora más alarmante que nunca. No solamente los procedimientos se han endurecido, sino que los plazos de concesión se han ampliado. Algunos enfermos llevan luchando más de cinco años por algo que les corresponde por derecho”, declara Lorenzo Pérez.
Además, en el caso de las incapacidades, por ejemplo, a los extensos tiempos de espera se suma una problemática que ya antes de la pandemia preocupaba mucho: Más del 95% de solicitudes para este tipo de prestaciones eran rechazadas en la vía administrativa, obligando a los afectados a acudir a los tribunales, ahora los expertos prevén cifras mucho más graves tras verse endurecidos los procedimientos e incrementarse los tiempos de espera.
Las cifras oficiales son un tanto “confusas”. Las últimas que publicó el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las correspondientes a 2018, arrojan un 46% de solicitudes concedidas, lo cual, a priori, “parece una cifra bastante razonable, es más, una cifra de la cual el propio INSS debería sentirse orgulloso”. Pero lo que no dicen esas cifras es “el porcentaje que se concede en la vía administrativa y el porcentaje que se consigue en los Tribunales de Justicia. Por desgracia, una mayoría aplastante corresponde a los casos ganados en la vía judicial”.
Por eso conocer a fondo la normativa y procedimientos y, sobre todo, contar con un equipo especializado de profesionales para asesorar a los afectados en este extenso camino, será una máxima si se busca obtener un resultado óptimo para el enfermo y reducir al máximo los tiempos de lo que para muchos es un “calvario”.
