En una resolución que ha reverberado a través del estado de Texas, el Tribunal Supremo autorizó este viernes la aplicación de la pena capital contra Robert Roberson, quien fue condenado por la muerte de su hija de dos años. La decisión llega después de una suspensión temporal de la ejecución en octubre, un paréntesis legal impulsado por legisladores de Texas de ambos partidos, quienes argumentaban que Roberson merecía un nuevo juicio.
La interrupción se produjo tras una citación legislativa emitida con el propósito de que Roberson testificara ante un comité parlamentario, una maniobra que según el Tribunal Supremo excedió las competencias legislativas, pues el tribunal dictaminó que estas no incluyen la anulación de procesos judiciales. Esta resolución abre la posibilidad de establecer una nueva fecha para la ejecución, proceso que podría demorar hasta tres meses, tiempo durante el cual, los legisladores aún podrían convocar a Roberson a testificar.
Roberson fue condenado en base a un diagnóstico médico que señalaba el «síndrome del bebé sacudido» como la causa de muerte de su hija. Sin embargo, los abogados del condenado cuestionan la precisión del diagnóstico, sosteniendo que al momento de ser trasladada de urgencia al hospital en estado de coma en febrero de 2002, el personal médico no tomó en cuenta su historial clínico. Alegan que se pasaron por alto señales críticas de su estado de salud, como una fiebre alta, neumonía no diagnosticada y la administración de medicamentos ahora considerados potencialmente mortales para niños.
Este caso ha reavivado el debate en torno a la pena de muerte en Estados Unidos, poniendo en relieve los métodos de condena y las pruebas utilizadas en estos juicios. La decisión del Tribunal Supremo de Texas no solo dictamina el destino de Roberson, sino que también refleja las tensiones entre el poder judicial y el legislativo en el manejo de casos capitales, al tiempo que resurge la discusión sobre la exactitud científica y la justicia en sentencias de muerte.
