El debate en torno a las normas reguladoras del trasvase Tajo-Segura ha generado división entre los grupos parlamentarios en las Cortes regionales este jueves. Vox, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han expuesto posturas marcadamente diferentes en relación a este controversial tema.
David Moreno, diputado de Vox, fue quien inició el debate criticando al PSOE por repetir su oposición al trasvase sin ofrecer soluciones alternativas. Moreno enfatizó que es necesario un plan hidrológico nacional que incluya la interconexión de cuencas, la modernización de regadíos y mejoras en el abastecimiento y saneamiento de aguas urbanas. Además, cuestionó la lógica de verter agua al mar por el Ebro para luego desalarla con un alto coste energético.
Por su parte, Carolina Agudo, diputada del PP, rememoró el pacto regional del agua de Castilla-La Mancha firmado en 2020 que establecía una posición común en esta materia. Agudo acusó al PSOE de querer apropiarse de este acuerdo, que considera un consenso histórico. Paco Núñez, presidente regional del PP, propuso una planificación hidrológica propia para la región que garantice el suministro de agua necesario y limite el trasvase a cuando sea realmente imprescindible.
Desde el PSOE, el diputado Fernando Mora manifestó la intención de buscar consenso y defendió las alegaciones presentadas dentro del marco del pacto regional del agua. Estas alegaciones buscan que se aplique con firmeza la fijación de caudales y que prevalezcan los intereses de la cuenca cedente. Mora sostuvo la importancia de la unidad y del refuerzo del Pacto Regional del Agua.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, defendió la validez del mencionado pacto y recordó el principio de unidad de cuenca como modelo de gestión de agua en España. Resaltó que Castilla-La Mancha ha defendido históricamente sus intereses y la necesidad de cumplir con lo establecido en el pacto.
En cuanto a las resoluciones propuestas, cada partido delineó su enfoque particular: Vox demanda un plan nacional del agua que asegure el abastecimiento a todo el territorio, el PP reitera su apoyo al acuerdo común pactado en 2020 como herramienta para la defensa de los intereses regionales, y el PSOE solicita su participación en el proceso de consulta pública organizado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para la modificación de la normativa que actualizará las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, abierto del 18 de abril al 2 de mayo.
La controversia demuestra que aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar una gestión de recursos hídricos que concilie las necesidades de las diferentes regiones de España.
