El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha convocado este martes a los diputados del PP que participaron en la tramitación parlamentaria de la ley sobre intercambio europeo de antecedentes penales. Este encuentro se produce en medio del malestar interno que ha provocado la reciente revelación de que la normativa, que beneficia a presos de ETA, fue aprobada sin la debida diligencia por parte del partido. Entre los convocados se encuentra el diputado toledano José Manuel Velasco.
El descontento en el PP se ha intensificado, con algunos miembros expresando su sorpresa e indignación por no haber detectado durante la tramitación de la ley lo que consideran una «indignidad». Un parlamentario resumió la situación al afirmar que «hay que asumir el error» y el enfoque actual debe centrarse en cómo detener la ley.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha reconocido el «error injustificable» ocurrido con esta reforma, que afectará a 44 etarras, y ha ofrecido disculpas sinceras a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) por no haber señalado la enmienda que permitirá la reducción de penas a terroristas.
Miguel Tellado ha asumido la responsabilidad del partido por no haber estado alerta durante el proceso de tramitación y ha instado a buscar «soluciones» para detener la ley en lugar de centrarse en depurar responsabilidades internas. Además, ha indicado que ha recabado información sobre cómo se desarrolló la tramitación parlamentaria y ha explicado que, durante este proceso, los ponentes del PP se centraron en enmiendas más graves, como las propuestas por Junts para beneficios judiciales a favor del expresidente catalán Carles Puigdemont, lo que pudo hacer que pasaran por alto otras enmiendas consideradas menos relevantes.
En el encuentro celebrado el martes por la mañana, al que asistieron alrededor de una media docena de diputados, no se ha comunicado si se tomarán medidas internas en el PP. Por el momento, el enfoque del grupo se dirige hacia el gobierno, con Tellado afirmando que existe un «abismo moral» entre un «error» en la tramitación y la supuesta intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de liberar a presos de ETA de manera encubierta. En este sentido, ha declarado que el «primer y último responsable» de esta situación es el presidente del Gobierno.
