La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado este jueves su nuevo Plan Estratégico de Subvenciones destinado a los ejercicios 2022, 2023 y 2024, un plan que recoge las principales líneas de actuación y criterios de subvenciones municipales en la ciudad.
Según ha explicado en rueda de prensa el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Talavera, Luis Enrique Hidalgo, este plan contará con diez líneas de actuación principales, entre ellas las de participación ciudadana, políticas de igualdad o reducción de la desigualdad, que entroncan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
«Saben que este equipo de Gobierno, desde el principio de la legislatura, estamos comprometidos con el desarrollo de esta ciudad en función de la Agenda 2030 y también este Plan Estratégico de Subvenciones, como no podía ser de otra manera, recoge estos criterios», ha expuesto Hidalgo.
Asimismo, el Plan recoge una relación pormenorizada de las subvenciones presentes en los actuales presupuestos, por un valor total de 3,7 millones de euros.
«Eso sí, es un documento vivo, por lo que en este caso se recogen las subvenciones para este ejercicio 2023, pero que para ejercicios posteriores deberá recoger todas aquellas subvenciones y convenios que se realicen», ha aclarado el concejal de Hacienda.
El plan no recoge una previsión de presupuestos destinados a subvenciones, centrándose en los criterios que tienen que cumplir las concesiones.
OTROS ACUERDOS
Además del nuevo Plan Estratégico, durante la rueda de prensa la portavoz municipal Flora Bellón ha expuesto el resto de temas tratados en la Junta de Gobierno Local.
En primer lugar, el Ayuntamiento de Talavera se personará ante el Juzgado de lo Social tras sendas demandas de dos ex trabajadoras cuyos contratos han sido extinguidos recientemente.
Se trata de una psicóloga y una dinamizadora social vinculadas al consistorio como trabajadoras interinas. «Lo que hacemos en este caso es personarnos para defender los intereses del Ayuntamiento», ha especificado Bellón.
Asimismo, ha informado sobre la exclusión de la empresa concesionaria de suministros de mantenimiento para las piscinas municipales de la ciudad, Hipoclorito Tejar Viejo SL, pasando a adjudicarse a la siguiente empresa clasificada en concurso.
Por otra parte, el Gobierno municipal ha aprobado la concesión de un contrato para el suministro de uniformes, calzados y complementos para la Policía Local.
El contrato de suministro, firmado por cuatro años prorrogables otros cuatro, ha sido concedido a la empresa Nwform por un valor de 261.496 euros.
También ha sido aprobada una licencia de obra destinada a la renovación y mantenimiento de las instalaciones del Colegio La Salle. Los trabajos contarán con un presupuesto municipal destinado de 40.934 euros y está prevista su realización a lo largo del periodo vacacional de verano.
En el ámbito de la participación, el Ayuntamiento ha suscrito un acuerdo con la Asociación Asociación Talaverana de Niñ@s de Integración (Atandi) para la realización de cursos de formación profesional en el vivero municipal.
El convenio, suscrito por dos años, supone una renovación efectiva del anterior convenio suscrito en 2020 para posibilitar la realización de cursos de formación para personas con discapacidad intelectual.
SENTENCIA DEL TSJCM SOBRE CASAS DE APUESTAS
Por último, ha informado sobre la desestimación del recurso presentado por la Asociación de Establecimientos de Juego de Castilla-La Mancha (Aescam) ante la modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal (POM) para la ordenación de locales de juego y apuestas.
Dicho recurso, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), buscaba suspender la normativa establecida en la ciudad para tratar de desincentivar la proliferación de casas de apuestas.
«El TSJCM nos da la razón, es verdad que es una sentencia que es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo», ha aclarado la portavoz municipal.
La normativa establece que los locales de juego no pueden instalarse a menos de 300 metros de centros educativos, deportivos o culturales.
Asimismo, establece una distancia mínima de también 300 metros entre negocios de este tipo, impide cualquier tipo de ampliación a los locales existentes y ordena el cierre definitivo de aquellos que permanezcan inactivos durante más de seis meses.
«El deber fundamental del equipo de gobierno era no sobreexponer a la gente joven y al resto de población a este tipo de locales que pueden generar ludopatías», ha explicado Bellón.
