La reciente Proclamación firmada por el presidente Donald J. Trump ha dado un giro significativo a la política de inmigración laboral en Estados Unidos, centrándose en proteger los empleos estadounidenses y frenar las prácticas abusivas en el programa H-1B. Este programa, originalmente diseñado para atraer a trabajadores altamente cualificados en campos especializados, ha sido objeto de críticas debido a su uso indebido por parte de algunas empresas, que a menudo despiden a empleados estadounidenses para reemplazarlos con fuerza laboral extranjera más barata.
Con esta nueva normativa, se establece que los solicitantes de visas H-1B deben acompasar sus peticiones con un pago de $100,000, una medida que, según la administración, busca mitigar el desplazamiento de trabajadores nacionales y fortalecer la seguridad nacional. Esta decisión se produce en un entorno en el que el desempleo entre graduados recientes en campos de ciencias informáticas ha alcanzado el 6.1%, un dato alarmante si se compara con otros sectores académicos.
El aumento en la proporción de trabajadores de TI que poseen visas H-1B, que ha pasado del 32% en 2003 a más del 65% en años recientes, plantea serias preguntas sobre la sostenibilidad del mercado laboral. Las empresas estadounidenses están siendo acusadas de despedir a su talento local, solo para volver a contratar trabajadores extranjeros bajo este programa. En un caso alarmante, se aprobó el ingreso de más de 5,000 trabajadores H-1B a una compañía que, al mismo tiempo, anunció el despido de 16,000 empleados estadounidenses.
Consciente de las críticas, la administración también ha impulsado medidas para reforzar la documentación y verificación de estos pagos. Se requiere a los empleadores que mantengan registros sobre el remanente de pago, lo que permitirá al Departamento de Estado comprobar la legitimidad de las solicitudes y denegar entradas a aquellos que no cumplan con esta normativa.
El impacto de esta política se siente especialmente en la comunidad de trabajadores en tecnología, donde se reporta que algunos empleados estadounidenses han sido forzados a formar a sus reemplazos extranjeros. Esta situación no solo afecta a los trabajadores involucrados, sino que también crea un desincentivo para las futuras generaciones que podrían optar por carreras en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), generando un potencial vacío de talento crítico que podría amenazar la seguridad económica y nacional.
El presidente Trump ha subrayado su compromiso de colocar a los trabajadores estadounidenses en el centro de su agenda. Bajo su administración, las negociaciones de nuevos tratados comerciales y la implementación de tarifas han sido herramientas empleadas para revitalizar la manufactura en el país. Desde que asumió el cargo, todos los incrementos en el empleo han beneficiado a trabajadores nacidos en Estados Unidos, en contraste con el lastre que representaron los gobiernos anteriores en este ámbito.
El enfoque renovado hacia la inmigración laboral y la defensa de los empleos estadounidenses refleja una decisión política que busca no solo abordar un problema inmediato, sino también establecer un precedente para futuras administraciones en la forma en que se maneja el recurso humano en el país.
Fuente: WhiteHouse.gov
