La judicatura ha determinado posponer las citaciones del consejero delegado y presidente de las bodegas Félix Solís, Félix Solís Yáñez, y del administrador único de García Carrión, José García Carrión Jordán, debido a conflictos en las agendas. Inicialmente programadas para diciembre por el Juzgado Central de Instrucción número 4, estas citaciones están enmarcadas en una investigación sobre el etiquetado indebido de vinos en la Denominación de Origen Valdepeñas.
La Audiencia Nacional investiga si ciertos vinos comercializados como crianza, reserva y gran reserva, incumplen los estándares de envejecimiento y tiempo en barrica de roble. La causa, que se abrió en 2021, considera posibles delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental.
Adicionalmente, se suspendió el testimonio del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, quien iba a comparecer el 23 de noviembre.
El juez encargado del caso, al examinar la documentación aportada, encontró discrepancias significativas en los volúmenes de vino declarados frente a los comercializados y los datos de control de calidad, lo que pone en duda la fiabilidad de la información suministrada por las bodegas investigadas.
Según los informes recibidos, en el caso de Félix Solís, existió un excedente de comercialización de vino con respecto a lo informado al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas durante los años 2017 a 2019. En García Carrión, la situación es similar, con una discrepancia de más de seis millones de litros entre los vinos declarados aptos y los comercializados.
El procedimiento también se extiende a las entidades certificadoras Sohiscert y Liec Agroalimentaria, que podrían haber facilitado los ilícitos al emitir certificaciones de aptitud cuestionables. Concretamente, se señala que Liec Agroalimentaria declaró un volumen de vino envejecido ante el Consejo Regulador que no concuerda con el número de barricas disponibles para el envejecimiento, evidenciando la falta de capacidad productiva para justificar la cantidad de vino certificado.
Por último, se ha solicitado a la Fiscalía que valore la posibilidad de sobreseer la causa para otras bodegas involucradas tras comprobar que no habrían contribuido en la actividad delictiva investigada. Este caso sigue evolucionando y pone de relieve la importancia de la transparencia y honestidad en la industria vinícola, y su impacto tanto en la confianza del consumidor como en el prestigio de las Denominaciones de Origen.
