El juicio programado para los días 10 y 11 de septiembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo, que iba a evaluar el caso de seis individuos acusados de traer a España a siete mujeres desde Colombia para su explotación sexual, ha sido suspendido. Los acusados identificados son O.O.O.R., J.J.R., A.K.P.N., G.A.O.G., L.M.M.L. y J.A.F.M.
De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, O.O.O.R. y A.K.P.N., quienes mantenían una relación sentimental, viajaron a Toledo donde, junto con la colaboración de los hermanos J.J.R. y G.A.O.G., implementaron un plan para obtener beneficios económicos ilícitos a través de la prostitución de mujeres jóvenes originarias de La Virginia, Colombia, de donde también eran procedentes.
En mayo de 2019, en cumplimiento del plan establecido, J.J.R. contactó a una amiga, identificada como B., ofreciéndole la posibilidad de trasladarse a España con la promesa de ejercer la prostitución como medio para mejorar su precaria situación económica. Sin embargo, las condiciones impuestas fueron severas, ya que, a cambio de asumir los costos de traslado, B. debía comprometerse a devolver una cantidad considerable de dinero, de la cual se decidió que debería pagar 3.000 euros tras llegar a España.
Este esquema de explotación afectó a otras mujeres, identificadas con las letras C., D., E., G., H., J. y L., quienes también fueron traídas bajo circunstancias similares y, en algunos casos, evitando controles fronterizos al entrar por Francia y Alemania. Las mujeres prostituidas no solo debían cumplir con el pago de la supuesta deuda, sino que también enfrentaban tarifas elevadas de alojamiento y eran obligadas a enviar dinero a los acusados desde locutorios.
Adicionalmente, se descubrió que el grupo también se dedicaba a la venta de cocaína a sus clientes durante los encuentros sexuales. Las investigaciones comenzaron tras la denuncia de B. ante la Policía en diciembre de 2019, lo que llevó a la creación de un programa de asistencia para ella y otras víctimas.
En marzo de 2020, se realizaron registros en diferentes domicilios relacionados con los acusados, donde se encontró una cantidad significativa de cocaína y dinero en efectivo, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar penas de prisión severas para todos los acusados. Actualmente, se les imputan delitos relacionados con la trata de seres humanos, la explotación de la prostitución ajena y delitos contra la salud pública. La suspensión del juicio deja en espera el desarrollo de uno de los casos más preocupantes de explotación y trata en la región.
