El juicio programado para este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo contra F.A.M., exdirector de la sucursal de la extinta Caja Castilla-La Mancha en Las Herencias, ha sido suspendido debido a la renuncia del abogado defensor. Este proceso legal iba a abordar la acusación de apropiación indebida de fondos pertenecientes a 37 clientes, lo que podría acarrear una pena de seis años de prisión y una indemnización a la entidad por un importe superior a 1,7 millones de euros.
La vista estaba programada para comenzar a las 10:00 horas, pero ahora queda pendiente de una nueva fecha, según lo comunicado por fuentes judiciales a Diario CLM. La Fiscalía de la Audiencia Provincial ha expuesto que los presuntos delitos ocurrieron entre enero de 2000 y febrero de 2013. Durante este periodo, el acusado supuestamente se aprovechó de la confianza depositada en él por los vecinos de Las Herencias, extraído dinero de las cuentas de los clientes sin su autorización y con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito.
Para llevar a cabo estas acciones, F.A.M. habría recogido firmas en documentos en blanco que luego utilizaba como soporte interno para retirar efectivo de las cuentas. Además, no proporcionaba ningún tipo de justificante a los clientes por los ingresos en efectivo que ellos hacían en el banco. En varias ocasiones, cuando los clientes le pidieron confirmación de saldos o justificantes de operaciones, el acusado entregaba libretas que estaban cumplimentadas a máquina de escribir y documentos manipulados con el sello y firma de la entidad.
Los cargos que enfrenta incluyen un delito continuado de apropiación indebida, falsedad en documentos mercantiles y un delito continuado de estafa en conjunto con falsedad en documentos mercantiles. Por lo tanto, el Ministerio Fiscal solicita una pena de seis años de prisión, así como su inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y 12 meses de multa con una cuota diaria de doce euros, además de las costas procesales. En términos de responsabilidad civil, el acusado tendría que indemnizar a Liberbank con un total superior a 1,7 millones de euros por las cantidades no abonadas a los perjudicados hasta el momento.
