El juicio programado para el 18 de marzo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo contra J.R.J.B. ha sido suspendido. El acusado se enfrenta a una pena de 44 años y tres meses de prisión por haber contactado, entre 2021 y 2022, a varias chicas menores de edad a través de Instagram y WhatsApp. Durante este periodo, persuadió a al menos diez menores para que le enviaran fotos y vídeos de contenido sexual, utilizando tácticas como ofrecer pequeñas cantidades de dinero y proponiendo encuentros sexuales a cambio de dinero.
La información proveniente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, confirmada por Europa Press, indica que la suspensión del juicio fue solicitada por el abogado de la defensa. Según el escrito de la Fiscalía, al que también tuvo acceso Europa Press, el acusado envió material pornográfico a las jóvenes, incluidos algunos vídeos en los que aparecían otras menores de edad.
Los detalles de la acusación revelan que J.R.J.B. mantuvo contacto con la menor A. entre agosto y octubre de 2021, a pesar de que ella le advirtió que tenía solo 15 años. Durante este tiempo, el acusado le envió numerosos vídeos y fotos pornográficas, y logró que A. le enviara dos fotografías de carácter sexual. Con otras menores, como C. y D., se desarrollaron interacciones similares, donde conocía su edad y aun así les enviaba material pornográfico, llegando a conseguir que le enviaran fotografías y vídeos íntimos a cambio de insistentes solicitudes.
A lo largo del tiempo, J.R.J.B. utilizó diversas plataformas sociales para establecer contacto con varias menores, sabiendo en todo momento que estaban por debajo de la edad de consentimiento. Su comportamiento incluyó la difusión de fotos y vídeos íntimos a otras menores, mostrando una conducta sistemática de explotación.
La Fiscalía ha formulado una serie de acusaciones graves contra él. Se le responsabiliza de hasta cinco delitos de corrupción de menores en relación con la captación y difusión de pornografía, además de varios otros delitos que implican la promoción e inducción a la prostitución de menores, así como el delito de contacto para encuentros sexuales con una menor. Las penas solicitadas por la Fiscalía suman un total de 44 años y tres meses de prisión, e incluyen medidas adicionales como la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de las víctimas y penas de libertad vigilada que se extienden varias décadas después de cumplir la condena.
El caso subraya la preocupación constante en la sociedad sobre la seguridad de los menores en el entorno digital y la prevalencia de comportamientos delictivos que explotan la vulnerabilidad de esta población. La suspensión del juicio añade un capítulo más a esta historia, dejando a la comunidad expectante ante futuros avances en el proceso judicial.
