Este lunes marca un cambio decidido en la legislación penal española con la entrada en vigor de la nueva ley sobre violencia sexual, la cual enfatiza el consentimiento como piedra angular en la definición y persecución de los delitos sexuales, como las violaciones, siguiendo el principio del «no es no».
Con esta nueva normativa, cualquier acción en contra de la voluntad explícita o implícita de la víctima será suficiente para considerarla como un delito sexual. Esto significa que tanto las manifestaciones verbales directas de rechazo como las no verbales, incluidos aquellos casos en que la víctima pueda haberse quedado paralizada por el miedo o el shock, podrían servir como base para una condena. Este enfoque representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas al enfatizar que la ausencia de consentimiento se convierte en el criterio determinante.
Antes de la adopción de esta ley, la legislación exigía que se demostrara la amenaza de violencia o el uso efectivo de esta para clasificar un acto como violación, agresión sexual o acoso. Sin embargo, la actualización de la normativa incluye ahora prácticas que anteriormente se encontraban en zonas más ambiguas de la ley, como el ‘stealthing’, que es la retirada no consensuada del preservativo durante el acto sexual. Este cambio en la ley recalca la importancia del acuerdo mutuo en todas las relaciones sexuales y criminaliza explícitamente las conductas que violan este principio.
La reforma de la ley sobre violencia sexual no solo refleja un cambio en la percepción y gestión de los delitos sexuales en España sino que también se alinea con movimientos más amplios a nivel global que buscan fortalecer la integridad y seguridad personal en contextos íntimos. Al poner el consentimiento en el núcleo de esta legislación, España envía un mensaje claro sobre su compromiso de proteger a las víctimas de violencia sexual y asegurar que sus voces sean escuchadas y validadas por la justicia.
En medio de estos avances legislativos, la sociedad observa y espera, anticipando cómo la implementación de esta ley afianzará la seguridad y el bienestar de las personas, al tiempo que marca el paso hacia una cultura de mayor respeto y consentimiento en las relaciones interpersonales.
